Txofo Miguéliz, durante una entrevista en la que implicaba a altos mandos de la Policía y la Guardia Civil en el narcotráfico. (1)

L@M/ «Si querías hacer contrabando de tabaco (en los años ochenta) tenías que pagarles mil duros por cajón, no había más cojones». Txofo Miguéliz, contrabandista de tabaco durante años y principal testigo de cargo contra los GAL, aseguró en una entrevista haber pagado a la Guardia Civil de Intxaurrondo más de 3.000 millones de pesetas en seis años (más de diez millones por descarga, una o dos veces a la semana, dependiendo de la marea). Lo mismo sucedía en el ámbito de las drogas y de la prostitución. (1)

Un equipo del programa Diario de… localizó a dos miembros de la Guardia Civil que llevaban varios años burlando los sistemas de seguridad en la costa. (2)

Ha pasado el tiempo y los hábitos permanecen. 150.000 euros les pedían dos miembros de la Benemérita a un equipo del programa Diario de… por dejar pasar un alijo de hachís por el Estrecho de Gibraltar hace menos de un año. La tarifa por introducir un contenedor por la aduana era de un millón de euros. (2)

Esta costumbre pudo haber sido investigada a raíz de una nota interna de ocho folios que el Fiscal Jefe de Audiencia Provincial de San Sebastián, don Luis Navajas Ramos, le entregó en mano el 12 de mayo de 1989 al entonces Fiscal General del Estado, señor Moscoso, bajo el título: «Sobre una organización de narcotraficantes que opera en el País Vasco y a la que estarían dando cobertura miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado«.

Sin embargo, el denominado informe Navajas (que concluía reconociendo la existencia de corrupción policial para el tráfico de drogas en las que estarían presuntamente implicadas importantes personas de la vida pública vasca, nacional y relevantes cargos de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado) nunca fue investigado por los jueces, aunque la Fiscalía General del Estado se comprometiera a ello tras la publicación del informe por Diario 16 en 1990.

El propio Fiscal Navajas, en una entrevista concedida a Diario 16 en diciembre de 1992, se lamentaba de que las personas implicadas ya habrían enterrado los indicios de culpabilidad.

«¿Por qué no se ha actuado a partir del informe Navajas, por qué no se facilitó la investigación y por qué el ministerio fiscal y cuatro fiscales generales han estado manifestando ignorar su existencia?», le cuestionó el señor Albistur Marín, miembro del Grupo Parlamentario Mixto, al Fiscal General del Estado, Carlos Granados Pérez, en el Congreso de los Diputados en mayo de 1995. (3)

El Fiscal General del Estado condujo la cuestión a entornos burocráticos y semánticos, sin entrar a valorar el fondo del asunto. El informe de ocho folios con título descriptivo no era un informe como tal, sino una nota interna. De ahí que se negara que hubiese un informe. Alegó que se trataba nada más que de una confusión.

En cuanto a «las supuestas actividades ilícitas sobre las que existían sospechas», Carlos Granados Pérez se atrevió a declarar ante los diputados que «fueron objeto de una investigación judicial que finalizaría con un auto de sobreseimiento».

El portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), el señor González de Txabani Miranda, negó el sobreseimiento, pidió explicaciones por la falta de rigor y aseveró que su grupo estaba «en condiciones de afirmar que en relación a este tema ha existido complicidad estructural en las distintas instituciones, en instancia gubernamental, en el Ministerio del Interior». «El conjunto de contenidos que recogía el informe Navajas jamás ha sido sobreseído; y no quisiera ser más duro en la segunda intervención», subrayó a la espera de una aclaración.

El señor González de Txabani Miranda se preguntaba: «¿Qué complicidades estructurales e institucionales existen en este país para que un informe de la gravedad del que nos ocupa, en el que de oficio, como usted ha manifestado, un fiscal de una audiencia provincial realiza una serie de diligencias informativas y seis años después nos encontramos con que no han sido investigadas, no han sido archivadas, no han sido sobreseídas?».

Como el Fiscal General del Estado echó balones fuera, González de Txabani retrucó: «Como diputado por Guipúzcoa en esta Comisión, le voy a hacer una afirmación, y es que otra vez tenemos convicciones razonables para creer y entender que, en este momento, al día de hoy, siguen existiendo básicamente las mismas complicidades; estas mismas complicidades entre gente del contrabando, entre gente de la droga, entre gente de las Fuerzas de Seguridad de Estado».

A Trillo-Figueroa Martínez-Conde, del grupo popular, y a José María Mohedano Fuertes, del grupo socialista, les pareció una desmesura estas conclusiones. Para ellos el asunto estaba tan claro como lo explicaba el Fiscal General del Estado, que se mostró ajeno a las alusiones, «la única línea de actuación que marca el trabajo de todos los fiscales de España es el principio de legalidad e imparcialidad. En eso estamos y eso vamos a seguir haciéndolo».

A la una de la tarde del jueves 18 de mayo de 1995 se levantó la sesión del Congreso de los Diputados presidida por don Javier Luis Sáenz Cosculluela y se dejó de hablar oficialmente de la complicidad entre el Ministerio del Interior y el narcotráfico. Los innumerables casos de agentes implicados en el tráfico ilegal son considerados de manera aislada como acciones residuales, sin más averiguaciones.

Enlaces:

(1) Narcos. La ruta de la impunidad. Kale Gorria

(2) 150.000 euros por dejar pasar un alijo de hachís por el Estrecho de Gibraltar

(3) Diario de sesiones del Congreso de los Diputados del jueves 18 de mayo de 1995

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