El juego del narcotráfico, la contabilidad y la escasez

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Revólver similar al que Montserrat González, la asesina confesa de la presidenta de la Diputación de León, adquirió a un toxicómano en Gijón. En el piso de su hija, que la acompañó durante la comisión del delito, se encontró medio kilo de marihuana. La jueza instructora la ha considerado material de consumo propio aunque ninguno de su amigos ha admitido haberla visto en ningún momento consumiendo ni hachís ni marihuana. Además, la policía no quiere perder de vista la vía de la droga “por si pudiera estar directamente relacionada con la compra del revólver homicida”.

L@M/ Mientras no se legalice su venta, cualquiera puede traficar con marihuana (o relacionarse con traficantes), comprar un arma de fuego y matar a sangre fría a un dirigente político, como han dado ejemplo miembros del Partido Popular en León. 

En vez de evitar riesgos y quitar poder al narcotráfico regulando el mercado (los políticos de los principales partidos acaban de negarse en el Parlamento), el Gobierno lo estimula cuando aprueba una ley que, tras dos meses en vigor, ya ha causado la excarcelación de 43 personas detenidas por tráfico ilegal internacional.

Coincide que este año todos los Estados de la Unión Europea tienen que contabilizar en su Producto Interior Bruto (PIB) el dinero que genera el tráfico de drogas, la prostitución y el contrabando. La norma ESA2010 que incorpora la aportación de actividades ilegales a la economía de los países miembros comenzará a aplicarse a partir de septiembre. 

Se desconoce cómo se va a calcular la cantidad resultante de actividades que no se regulan oficialmente. Sí se sabe que la policía, quien maneja la información sobre drogas, es la encargada. Se prevé que estime en un 1% del PIB este tipo de operaciones. Si la economía española alcanza el billón de euros, lo ilegal mueve alrededor de 10.000 millones de euros al año en España, según las cábalas.

Con esta medida, el dinero procedente del narcotráfico se contabilizará por duplicado, pues ya viene siendo parte de los balances de los grandes bancos. El propio jefe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y la Delincuencia, Antonio María Costa, reconocía en 2009, que “los préstamos interbancarios se financiaban con dinero originario del narcotráfico y otras actividades ilegales”, habiendo indicios “de que algunos bancos fueron rescatados por este medio”.

Así, el tamaño de la economía se percibirá mayor y, al partir de una base más alta, la deuda se verá reducida, pero el aumento relativo de la riqueza de los hogares no se corresponderá con ningún cambio económico real, al contrario, la pobreza aumenta.

El Gobierno está jugando con la contabilidad, con el narcotráfico y con la escasez de la ciudadanía; colabora en una práctica muy peligrosa.

Según datos de Unicef en España, la pobreza alcanza ya al 27,2% de los menores, o lo que es lo mismo, a 2,3 millones de niños abocados a una mala alimentación, incrementando el riesgo de sufrir infecciones, enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Sin embargo, para la Ministra de Sanidad, los problemas “no son debidos especialmente a cuestiones económicas” y atribuye la malnutrición infantil detectada a “una dieta poco equilibrada”.

“Hay mucha más alegría que hace meses”, manifestaba la vicepresidenta del Gobierno una semana después del asesinato de Isabel Carrasco, “se ve en las calles”. No hacía referencia al sentir popular tras el suceso (ya se han encargado otros de criminalizar opiniones), sino a la dudosa mejora económica, ignorando la penosa situación que viven miles de personas.

La perspectiva de la realidad de Ana Mato, beneficiaria de la corrupta trama Gürtel según los juzgados, y la de Soraya Sáenz de Santamaría es similar a la que demostró María Antonieta, quien fuera Reina de Francia: cuando el pueblo se manifestaba por las calles de París, ella preguntó que cual era el motivo. Sus consejeros le dijeron que el pueblo tenía hambre por falta de pan, a lo que ella, respondió: “si no tienen pan… que coman bollos”. Subió al patíbulo para ser guillotinada en el año 1793.

Cabe preguntarse si con las decisiones que toman los grandes partidos en contra de los ciudadanos y las facilidades que ofrecen al narcotráfico (vinculado al comercio ilegal de armas y dispuesto a armar a quien lo pague) sus dirigentes van a poder seguir saliendo a la calle tranquilos.

Como quien no quiere la cosa, el ministro de Defensa, Pedro Morenés, hombre de la industria armamentística, ha apostado este jueves por dar más “normalidad” a la presencia de personal militar de uniforme en las calles del país, al igual que, según ha asegurado en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, ocurre “en cualquier país civilizado del mundo”.
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