L@M/ El Parlamento de Uruguay, en una jornada histórica, ha votado a favor del proyecto de ley (con algunas modificaciones) para regular el consumo, la producción y la venta de marihuana, convirtiéndose en el primer país del mundo en hacerlo. La decisión no es inocua. El resultado dependía en última instancia del diputado oficialista Darío Pérez (del grupo Liga Federal Frenteamplista), que había planteado reparos en las últimas semana. Ahora falta que el proyecto pase por el Senado, que puede aprobarlo como está o modificarlo. La organización Regulación Responsable calcula dos meses para la aprobación definitiva de la regulación del cannabis en Uruguay. 

El estado monopolizará el negocio del cannabis. Los adultos podrán adquirir en farmacias hasta 40 gramos mensuales para consumo recreativo. La marihuana medicinal se expenderá con receta sin restricción y la investigación científica contará con autorizaciones.. Se permitirá el autocultivo, limitado a seis plantas (hasta 480 gramos), y podrán constituirse Clubes Sociales de Cannabis, con un máximo de 45 miembros y 99 plantas. Además, el proyecto de ley obliga a realizar campañas educativas, publicitarias y de difusión y concientización para la población en general respecto a los riesgos.

Aún así, el proyecto de descriminalización del tráfico de marihuana queda incompleto. Se continuará persiguiendo el cultivo no autorizado. Se prevé, además, la creación de un delirante «Registro de Usuarios» (o «registro correspondiente»), así como «registrar las declaraciones de autocultivo de cannabis psicoactivo». «El registro del cultivo, según la legislación vigente, será requisito indispensable para poder ampararse en las disposiciones de la presente ley». Juan Vaz, uno de los fundadores de la Asociación de Estudios del Cannabis del Uruguay y colaborador como asesor del proyecto de ley, reconoce que “no es una ley ideal, pero es mucho mejor de lo que hay. Al menos se quiebra el paradigma de la prohibición respecto a las drogas”.

El modelo de clubes está desarollado a partir de la experiencia española. «El modelo español no es una idea, es una realidad que tiene 20 años. Ellos han desarrollado formas de cultivo colectivo, creado organizaciones sin fines de lucro que prestan variados servicios a sus socios», comenta el activista cannábico.

Vaz estuvo preso 11 meses después de que la policía le encontrara un cultivo en su casa. Lleva dos décadas haciéndolo. Cuenta la experiencia en una entrevista reciente: «Admirábamos el activismo cannábico chileno pero la ley 20 mil los mató». «Estar preso me produjo más rebeldía, porque la razón estaba de mi lado. Nunca trafiqué, estaba ejerciendo un consumo legal y lo hacía de la forma más idónea, sin involucrar a terceros en el proceso. Si no luchamos estaríamos permitiendo que a otras personas les pase lo mismo».

«Estuve once meses preso, tres en una cárcel de máxima seguridad. Adentro éramos dos los presos por cultivo de marihuana en una población penal de 6 mil reclusos. El preso común no hace distinción entre un autocultivador y un narcotraficante, entonces estabas en la misma bolsa que el que vende pasta base o cocaína o alguien que trafica con marihuana prensada. Fue muy bravo, porque adentro se estila que a quien es traficante se le pida “peaje” o se le extorsione para que ingrese drogas. Era difícil explicar que lo único que uno poseía eran plantas y que ya no existían. El clima de una cárcel es muy complicado porque la policía no tiene control, imagínate que en los tres meses que estuve preso ahí, hubo dos muertes y constantes riñas entre bandas rivales».