L@M/ La presunción de inocencia es el derecho a que nadie sea considerado responsable de un hecho delictivo hasta que no lo diga una sentencia dictada tras un juicio en el que se hayan aportado pruebas de cargo realizadas con todas las garantías. Este derecho es avasallado constantemente en cuestión de drogas. Las cárceles están llenas de personas que no han dañado nada ni a nadie sin que se haya demostrado su culpabilidad. Forma parte del negocio de la prohibición de vender determinadas sustancias y sólo se soluciona legalizando.

El socio nº 60 y actual vicepresidente la Sociedad de Estudios del Cáñamo de Aragón (SECA) ha sido condenado a dos años de cárcel y multa de 36.000 € por un delito de «peligro abstracto» contra la salud pública.  Por supuesto, sin pruebas ni garantías.

Los socios de la SECA se definen como  disidentes terapéuticos: «reclamamos nuestro derecho bioético a la autonomía terapéutica, reconocido en Aragón por la Ley de Últimas Voluntades.(…) No atentamos contra la salud pública: pedimos que nos respeten nuestro derecho a decidir en privado sobre nuestra salud (…) Las asociaciones cannábicas y clubs de consumidores realizamos una tarea que responde a una demanda social. (…) Ya es hora de acabar con políticas que sólo sirven para reprimir a la ciudadanía y beneficiar a las mafias». (secaragon.blogspot.com.es)  

Hace bien la SECA en denunciar la vulneración de un derecho fundamental. El derecho fundamental a la presunción de inocencia ha sido la clave de la sentencia por identificaciones indiscriminadas en una concentración. «Un juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha condenado a Delegación de Gobierno de Madrid a cubrir las costas del juicio por vulnerar los derechos fundamentales en el transcurso de una manifestación».

En algún momento habrá que denunciar a los delincuentes que violan la Constitución y los Derechos Humanos y que criminalizan inocentes vulnerando derechos fundamentales y dejar de connivir con éllos, propagar sus consignas y esforzarse en parecer más inocente de lo normal.

Son aleccionadoras las palabras de Endika Zulueta, abogado penalista: «En este contexto, el Estado no está tratando a los movimientos sociales como agentes políticos con los que poder dialogar (el pluralismo político del que habla la Constitución no debe ceñirse a los partidos políticos o a la política institucional), sino como enemigos políticos a los que hay que liquidar».

«El Estado no utiliza el diálogo como herramienta para solucionar los problemas, sino que pretende someter a la ciudadanía a través del miedo. Miedo a perder el trabajo, miedo a no encontrarlo, miedo a protestar por poder ser detenido, golpeado o multado. El sometimiento de la población a través del miedo es una característica de un Estado autoritario, muy alejado del democrático que formalmente tenemos».

No ayuda nada que la Federación de Asociaciones Cannábicas y otros actores del movimiento acepten con normalidad la vulneración de derechos e inviertan recursos en inocular a los consumidores de cannabis los miedos que llenan los bolsillos de los verdaderos criminales. Hay millones de víctimas demostrables. Activismo es denunciar, no someterse.