Mi hijo se droga, tu madre se droga y el ministro se droga

Viñeta de Erlich, en El País.

Viñeta de Erlich, en El País.

L@M/ Nuestros políticos están derrochando dinero público en mantener un Plan Nacional Sobre Drogas (PNSD), Francisco Bobín Babín a la cabeza (el moderno Eliot Ness), que apuesta por evitar la banalización del cannabis y del alcohol (acosando a jóvenes que fuman porros o que hacen botellón). Al mismo tiempo, nuestros políticos malgastan dinero público para financiarse el alcoholismo en horario laboral y en reírse, también en el trabajo, de que se conozca públicamente que hay ministros, jueces y altos cargos policiales que se drogan como cualquier hijo de vecino.

Mi hijo se droga, tu madre se droga y el ministro se droga. A mi hijo y a tu madre les multan y les criminalizan. El ministro cobra sueldos de más y se viste de prestigio.

Nuestros políticos están en condiciones de embriagarse a costa del ciudadano mientras le reprimen por hacer lo mismo. Nuestro gobierno puede permitirse el lujo de quitarle servicios de salud a la población mientras se gasta 40.000€ en ginecología para la ministra Soraya Sáenz de Santamaría. El sistema político permite rescatar entidades financieras que estafan a sus clientes mientras se desatiende a sus víctimas. 

Este desaguisado no se soluciona montando un coffee shop en el congreso de los diputados, aunque un estudio sobre los mecanismos neuroprotectivos ofrece una esperanza para políticos: la marihuana protege el cerebro de los cerdos. Para los actuales, llega tarde.

Una de las alternativas de la población indignada contra el fraude político es la movilización. El movimiento cannábico lo lleva intentando años pero apenas encuentra respuesta entre los consumidores de cannabis. Hay mucho barullo en el sector, incluso desde lo más profundo del oficialismo se cuestiona la batalla, “si podemos abastecernos, para qué vamos a luchar”, argumentan.

Menos conformistas son otros grupos sociales, pero se les saca los ojos cuando se movilizan. Sería mejor no pagar los impuestos que hacienda o cada ayuntamiento reclama.

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