L@M/ Para medicamentos u otras urgencias sociales (de las tantas que hay) no hay dinero. Pero sí lo hay para propaganda criminalizadora. Esta campaña del Plan Nacional Sobre Droga (PNSD) no habrá costado mucho, 200 posters y 15.000 postales en blanco y negro, pero gasta demasiado en desinformación, en perjuicio de necesidades básicas. El presidente de ‘Save the Children’, Eduardo González, declara que cerca de un 25 por ciento de los niños en España pueden estar cerca de la desnutrición y de la pobreza.

El austero presupuesto del PNSD para el año 2013 es de 14`8 millones de euros. Junto a esa cantidad, el PNSD también contará con los créditos procedentes del Fondo de Bienes decomisados por tráfico de drogas, que todavía está por determinar. En 2012, este Fondo distribuyó cerca de 27,5 millones de euros. 

La creación del Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, se lleva a cabo por la Ley 36/1995, de 11 de diciembre, revisada mediante la Ley 17/2003, de 29 de mayo.

Se nutre del decomiso de cantidades en efectivo, inmuebles, automóviles, embarcaciones, joyas y otros objetos adjudicados al Estado en procesos relativos a los delitos mencionados, así como de las rentas e intereses de dichos bienes y del producto que se obtiene cuando se venden y liquidan.

La cuantía de este recurso no tiene carácter fijo, ya que viene determinado por los decomisos que se adscriben mediante sentencia firme.

La asignación de los bienes incautados no se puede hacer hasta que haya una sentencia judicial firme. Sin embargo, el gobierno popular tiene urgencia de dinero y los vende antes, con la excusa de que ensaya fórmulas para mejorar la gestión de los patrimonios incautados a los narcos y evitar su deterioro. Ese es la mayor preocupación del Gobierno expresada en el Plan de Acción sobre Drogas 2013-2016.

En febrero del año pasado, dirigió una operación que estalló con el abordaje del Ratonero, un barco pesquero de O Grove que regresaba a Galicia procedente de Venezuela con 3.000 kilos de cocaína a bordo.

La magistrada entendía que tener el pesquero amarrado a puerto durante varios años significaría condenarlo a ser subastado solo para chatarra, y que además costaría dinero a la administración, pues habría que pagar el atraque o un seguro. De modo que decidió agilizar al máximo la subasta.

Ésta se celebró apenas dos meses después de la operación, y el Ratonero se licitó con un precio de salida de 10.000 euros. Se presentaron dos postores, y al final se lo llevó por 57.000 euros el representante de una empresa de A Coruña.