L@M La población tarraconense de Rasquera votó ayer en referendum a favor de la medida anti-crisis aprobada en pleno en febrero, consistente en alquilar terrenos municipales a la asociación cannábica ABCA con el objeto de plantar marihuana para satisfacer las necesidades de sus socios. La medida reportaría al consistorio 1,3 millones de euros en dos años y 40 puestos de trabajo.

A pesar de la legítima voluntad popular, es dudoso que el proyecto se desarrolle. Ya anunció el consejero de interior catalán, Felip Puig, que intervendría la plantación sí o sí. Eso, independientemente de las numerosas sentencias judiciales que no observan delito en el cultivo compartido para consumo propio.

Los políticos obstaculizan cualquier intento de obtener cannabis al margen del mercado negro, mientras favorecen que quienes se lucran del narcotráfico blanqueen sus beneficios con facilidad, algo que permite la recientemente anunciada amnistía fiscal.

Cada vez es más evidente la corrupción política. Si se sabe dónde pagar la mordida, es más seguro delinquir que crear puestos de trabajo. Desde luego, las cárceles alojan a las personas equivocadas.

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