L@M/ Con lo que cuesta financiar un partido político, en plena campaña de criminalización de cultivadores de marihuana, Felipe González (presidente del gobierno español cuando se promulgó la ley Corcuera) se desmarca afirmando que legalizar las drogas es el único camino para evitar el narcotráfico. Es necesario un acuerdo internacional, se excusa.

Las declaraciones fueron hechas el lunes en México, uno de los países más afectados por la barbarie de la lucha anti-droga. Como ejemplo de lo eficaz de la medida expuso el caso de la Ley Seca. Con la liberación del alcohol desapareció el gangsterismo generado por la prohibición.

Varios miembros del gobierno socialista se han apresurado en aclarar que no se va a legalizar las drogas en España ni se prevé discutirlo. El narcotráfico no se toca, está bien protegido por los poderes públicos.

El pasado 8 de mayo, coincidiendo con la Marcha Mundial de la Marihuana, el presidente de la Representación Cannábica en Navarra (RCN), único partido en España de apoyo a la legalización del cannabis, Fermín Les Lacosta, aseguró que la legalización de esta sustancia «podría suponer una solución económica a la crisis al abrir un nuevo nicho de mercado y de creación de empleo» y estimó en más de 6.000 millones de euros los beneficios anuales que reportaría a España la decisión.

El director general de la Fundación de Ayuda a la Drogradicción (FAD), Ignacio Calderón se defiende: «la fantasía de unos usuarios maduros y que controlan el consumo es una completa ingenuidad». Así se justifica el crimen.

Igualmente, la delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Carmen Moya, aseguró a Europa Press, que veía «incoherente», «ilógico» e «irresponsable» perseguir las drogas legales y, a la vez, pensar en «dar cancha» a otras, como el cannabis.