Dibujo del caricaturista mexicano Alecus.

L@M/ Acostumbrados al uso fraudulento del lenguaje que hace el entramado prohibicionista para confundir a la opinión pública, sorprende la claridad y la propiedad con que se define uno de los organismos de la red que colaboran con la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre drogas: el Centro de Inteligencia del Crimen Organizado del Ministerio del Interior.(pdf, pag. 9)

Es una denominación muy descriptiva que sugiere una institucionalización de la corrupción pública en toda regla. Una corrupción, por otra parte, generalizada en todos los sectores de la administración española, según ha informado la fiscalía anticorrupción sin que apenas haya tenido repercusión.

No extraña que exista una coordinación operativa entre miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Vigilancia Aduanera y Policías Autonómicas con competencias para el tráfico de drogas y blanqueo de capital. De hecho, como documenta Antonio Escohotado en su obra Historia general de las drogas,  “allí donde ha sido posible descubrir redes de grandes traficantes han aparecido embarazosas conexiones con los más altos peldaños políticos de sus respectivos Estados y con servicios secretos que llegan en sus ramificaciones hasta la Casa Blanca”.

En 1949, antes de que en los EEUU se detectasen los primeros síntomas de un incremento en el número de heroinómanos, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) montó dos líneas aéreas de aprovisionamiento que permitieron crear la principal fuente de heroína del mercado americano. Además del inmediato ánimo de lucro, estas operaciones se justifican para sostener grupos antirrevolucionarios. En España, cuando el exgeneral Rodríguez Galindo fue acusado de tráfico de drogas por diversos medios de comunicación, el diario El Mundo publicaba un informe secreto elaborado por el Servicio de Información de la Guardia Civil según el cual la lucha contra ETA fue financiada con el dinero obtenido mediante dicho tráfico (véase, por ejemplo, el artículo dedicado a este individuo en la Wikipedia).

Lo llamativo no es que un grupo del crimen organizado opere desde el Ministerio del Interior, sino que se haga público oficialmente, cuando lo habitual es camuflarlo bajo una nomenclatura que exprese lo contrario de lo que se persigue.

La imagen que proyecta el lenguaje de la prohibición es la opuesta de lo que consigue su acción. Adalides de la evidencia científica, rechazan el criterio médico. Se persigue erradicar las drogas y su consumo alcanza niveles históricos. Se propone cuidar policialmente de la salud de los consumidores y se logra un mercado adulterado. Se invoca la necesidad de seguridad ciudadana y se obtiene corrupción institucional y una robusta red criminal alrededor del narcotráfico. La administración se arroga la autoridad informativa sobre drogas y la mayoría de ciudadanos están desinformados cuando responden ante una encuesta que el cannabis es más perjudicial para la salud que el tabaco o que el alcohol.

¿Por qué, en este caso, un grupo de presión prohibicionista no he empleado esta técnica especializada en proteger contra peligros que ellos mismos crean? Sí lo han hecho. Lo descubrimos catorce páginas después en el mismo BOE, Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, creado a finales del 2006. Así que lo que semejaba una salida del armario resulta un lapso, un desliz de sinceridad, más de un subconsciente traicionado.