El negocio de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) son las drogas. El sueldo de sus miembros, igual que el del narcotraficante, depende del tráfico ilícito y del consumo masivo, cuanto más irresponsable mejor. En contra del derecho constitucional que tiene el ciudadano de recibir información veraz, parte de su misión, en connivencia con nuestros legisladores, consiste en intoxicar a la opinión pública. Un ejemplo de ello se observa esta semana.

El domingo, Suiza votó de nuevo sobre la regulación de la producción, venta y consumo de cannabis (otra vez se ha rechazado, ahora por el 63% de los votantes). Con el objetivo de enturbiar cualquier posible debate ante la información que en España se pudiera recibir, la FAD ha emitido un mensaje propagandístico plagado de las típicas consignas oficiales (mentiras y exageraciones), que no han tardado en publicar medios como ABC y El Mundo. Por supuesto, en nada responden a los términos en que se planteaba la votación suiza. No hay que olvidar que la guerra contra las drogas causa más daño que las drogas mismas y viola derechos básicos de las personas.

Esta organización mercenaria de las drogas como es la FAD, que debe de tener tranquilos y satisfechos a los criminales, respondería mejor a su nombre si se denominaran Fundación de Ayuda a la Desinformación sobre drogas o Fundación de Ayuda al aumento de la Drogadicción.

A Ignacio Calderon, presidente de la FAD, lo presentamos boca abajo en la fotografía, como en Játiva tienen expuesto el retrato de Felipe V como venganza por decretar el incendio de la ciudad.