L@M/ La salud de los beneficiarios directos de la prohibición permanece estable y en ello trabajan prestigiosos videntes científicos del Ministerio de Sanidad. La Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior informaba recientemente que cada día hay más droga en los mercados y que la represión no parece haber provocado el desabastecimiento del mercado ilegal y el consumo no sólo no ha descendido, sino que además se ha experimentado un claro aumento del número de personas que consumen drogas. El martes, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas otorgaba variadas condecoraciones, Cruces de la Orden al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas, a distintos responsables de la propaganda antidroga, entre otros Gonzalo Robles, quien fuera Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas durante el período de gobierno del Partido Popular.

Debido a las ingentes cantidades de dinero que se mueven en el mercado de la droga, explica Francisco Badarán en su trabajo La democracia en España, engaño y utopía, el tráfico de ésta es una fuente ilimitada de corrupción, que amenaza seriamente con infiltrarse en todas las instituciones del Estado, donde existe un mercado fluido cuyo desmantelamiento no parece interesar demasiado a las autoridades. Es importante analizar hasta qué punto los tentáculos del mundo de la droga han penetrado en el aparato del Estado.

«En el negocio de la droga se han visto implicados en mayor o menor medida, además de empresas y personas privadas, diversos miembros e instituciones del estado, principalmente policías, miembros del aparato judicial y políticos. En los últimos veinte años, las noticias de prensa en las que aparecen policías y guardias civiles como presuntos implicados o condenados en relación con el tráfico y consumo de drogas se cuentan por centenares (Corrupción policial en España desde 1984). Los delitos imputados a miembros de las fuerzas de seguridad en relación con el narcotráfico han sido variados: tenencia y consumo de droga, dirección de o pertenencia a organizaciones de narcotraficantes, desaparición de la droga incautada existente en delegaciones de gobierno o en jefaturas de policía, falsificación o desaparición de atestados o informes relativos al narcotráfico, paso de información policial a los narcotraficantes facilitando su huida, pago con droga a narcotraficantes, financiación con droga de determinadas actividades policiales, etc. Algunos de los anteriores delitos no son de extrañar, ya que la policía, por su cometido, es la institución de Estado que conoce más de cerca el mundo de la droga y que, para combatirla, entra en contacto con él, no siendo raro el que algunos de sus componentes caigan en sus redes. Es más preocupante cuando han participado en estas actividades delictivas altos mandos o cuando se encuentra imputada la propia institución policial o una parte de ella. En muchos de estos casos, la justicia ha actuado contra los responsables de estos actos, que han sido condenados por ellos. Existen sin embargo algunos casos inquietantes. Así, por ejemplo, el exgeneral Rodríguez Galindo fue acusado de tráfico de drogas por diversos medios de comunicación, y se afirmó que la lucha contra ETA fue financiada con el dinero obtenido mediante dicho tráfico (véase, por ejemplo, el artículo dedicado a este individuo en la Wikipedia). A pesar de estas imputaciones públicas, que comenzaron cuando Rodríguez Galindo era aún teniente coronel, éste nunca fue procesado y su posterior ascenso en la carrera militar fue fulgurante. Es preocupante también que en algunas comunidades españolas, como por ejemplo Galicia, se tenga la impresión de una implicación de la policía que trasciende el nivel de las personas individuales; el titular de periódico “Madres contra la droga acusan a la policía y guardia civil de tráfico de estupefacientes” (Las Provincias, 15-10-1991) es particularmente ilustrativo al respecto».

«Las noticias que se tienen sobre implicaciones de políticos en el negocio de la droga han tenido un carácter esporádico y han afectado principalmente a miembros de algunos ayuntamientos, algunos delegados del gobierno y algunos miembros de partidos. Hay que decir que, hasta el momento, no se han destacado grandes escándalos de ámbito nacional en este sentido».

«Es difícil saber con datos concretos hasta qué punto la banca y las grandes empresas están relacionadas en España con el mundo de la droga y el narcotráfico, principalmente en lo que se refiere al blanqueo de dinero. Las noticias sobre el descubrimiento de este tipo de delitos se refieren a pequeñas bandas y no implican generalmente a los grandes bancos. Es claro que el dinero lo puede todo y que se hace cada vez más difícil seguir la trayectoria del mismo. La internacionalización de la economía criminal, la existencia de paraísos fiscales, de falta de leyes y controles fiscales en muchos países del tercer mundo, y la existencia de cauces para facilitar las actividades y el blanqueo de capitales incluso en los países industrializados posibilitan el encubrimiento de este tipo de actividades ilícitas».

«¿Hasta qué punto se han introducido las tupidas redes del narcotráfico y de otras actividades comparables, como la venta de armas, en las estructuras del poder en nuestro país? Resulta difícil de responder. Lo cierto es que la corrupción generalizada y la existencia de una economía sumergida de gran envergadura facilitan mucho este tipo de actividades delictivas y explican en gran medida por qué nuestro país ocupa un lugar privilegiado para el comercio de la droga y para el establecimiento de organizaciones criminales, lo cual, a su vez, es un poderoso motor que retroalimenta y potencia la corrupción y favorece su extensión a todos los sectores de nuestra sociedad. El hecho que los drogadictos puedan adquirir droga sin dificultad muestra, índica la existencia de un mercado fluido cuyo desmantelamiento no parece interesar demasiado a las autoridades, y que, por tanto, no sale a la luz pública, por lo que su alcance es difícil de conocer».

DDAA, comentando la actualidad desde el blog de la Federación de Asociaciones Cannábicas, nos muestra ejemplos de casos de narcotráfico e impunidad militar y policial: El ejército, el hachís y la impunidad.

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