“Desdichadamente, los pacientes y proveedores de cannabis medicinal a quienes les quitan a sus hijos no son novedad”, dijo Angel McLary Raich, que venció el primer caso de custodia relacionado con el cannabis medicinal en California. “Estoy enterada de muchos casos en que los hijos han sido retirados permanentemente, otros en que tienen que tener visitas supervisadas”.

A las 06:00 de la mañana del 17 de julio, el silencio del barrio suburbano de Ronald Naulls, propietario de un dispensario legal de marihuana medicinal en Corona, fue interrumpido por el runrún de helicópteros suspendidos en el aire mientras agentes fuertemente armados de la DEA (Drug Enforcement Administration) invadían su hogar. Incautaron dinero en efectivo y marihuana, sus propiedades, sus cuentas bancarias personal y de negocios. Lo arrestaron por acusaciones federales de delitos de marihuana.

Los allanadores también llamaron al Servicio de Protección al Menor (CPS, por la sigla en inglés). Naulls y su esposa también fueron acusados de maltrato y abuso infantil. Esposados y con la casa revuelta, el CPS dictaminó que sus tres hijas estaban en peligro y se las llevaron.

“Me quedé insensible, totalmente atónito, indignado y sin habla”, dijo Naulls. “Le dijeron a mi esposa que estábamos poniendo a nuestras hijas en peligro a causa del medicamento que teníamos en la casa, pero apenas teníamos un poco en una nevera en el garaje que tiene una puerta con alarma y mi propio remedio en un recipiente cerrado en mi oficina – la DEA rompió la cerradura. ¿Nos hubieran tratado de esa manera si hubiese sido Xanax recetado?”

Las tres niñas – de 1, 3 y 5 años de edad – fueron puestas al cuidado temporal del CPS y Naulls y su esposa sólo pudieron verlas durante una visita supervisada de una hora por semana. “Mi hija mayor creía que estaba siendo castigada por haber hecho algo malo”, comentó Naulls. “Cuando fuimos a visitarla, dijo: ‘Papá, ya estamos listas para regresar a la casa, prometemos portarnos bien’”. Fueron necesarias cinco semanas de vistas y penas hasta que un juez del juzgado de familia decidiese que las niñas quedarían seguras de hecho con sus padres. Pero los cargos de maltrato y abuso infantil aún continúan.

La DEA no pidió disculpas por su trabajo. Un portavoz de la DEA confirmó que su gente había llamado al CPS. “Siempre que realizamos un operativo en que hay presencia de niños, tenemos la responsabilidad de llamar al CPS”, dijo el agente especial José Martínez. “Pero no tomamos la decisión de saber si los niños están en peligro o no”.

La División de Servicios al Menor de la Secretaría de Servicios Sociales Públicos de la Comarca de Riverside, en la cual se integra el CPS, niega que el consumo o la presencia de marihuana medicinal sea el motivo para la retirada de niños en la presentación de cargos de maltrato y abuso infantil. “Las drogas en sí no se constituyen en razón de retiro”, dijo Susan Lowe, directora de la división. “Para nosotros, es más relevante decir que la cuestión de la marihuana medicinal no se constituye en una razón para retirar a los niños. Tienen que haber otros problemas presentes que indiquen negligencia o abuso”.

El abogado de Naulls, James Anthony, dijo que eso no reflejaba la realidad en la comarca. “La postura que la directora expuso es exactamente como debería ser: el cannabis medicinal no es más relevante para los intereses de los niños que cualquier remedio recetado – la Corte Suprema de California dijo lo mismo cuando manifestó que el cannabis medicinal es tan legal como cualquier medicamento recetado. El único abuso del que estoy enterado en la casa de los Naulls fue el abuso cometido por las agencias federales de seguridad cuando invadieron aquel hogar sin aviso y fuertemente armadas, aterrorizando a los pobres bebes sin ningún motivo. Es simplemente increíble, bárbaro.”

Si hay cualquier abuso infantil, está siendo cometido por el estado, estuvo de acuerdo Richard Wexler, director ejecutivo de la National Coalition for Child Protection Reform, un grupo preocupado por los abusos del sistema de protección al menor. “Lo que les han hecho a estas niñas es abuso infantil sancionado por el gobierno”, dijo Wexler. “Ya se crea en lo que el Sr. Naulls hizo o no, no existe ni la más mínima prueba de que administrar una cooperativa de marihuana medicinal perjudica a los niños y sí hay pruebas abrumadoras de que el cuidado de crianza temporal les hace un mal enorme a lo niños”, dijo.

Fuente: stopthedrugwar.org