«La nueva estrategia antidroga de Canadá es irresponsable e inaceptable desde todos los ángulos: derechos humanos, salud pública o uso del dinero del contribuyente. Es un gran retroceso». Richard Elliott, el director ejecutivo del grupo Canadian HIV/AIDS Legal Network, criticó el nuevo plan antidroga del gobierno canadiense en su presentación.

«La realidad es que algunas personas no pueden o no quieren dejar de consumir drogas».

«La reducción de daños reconoce este hecho pragmático y real, ofrece programas y servicios probados para mitigar el daño que acompaña al consumo de drogas. Arrestar y prender a la gente no puede ser considerado reducción de daños”. Elliott respondía así a Harper, quien afirmó que más represión legal es una medida de reducción de daños.

Stephen Harper, el primer ministro canadiense, reveló la nueva Estrategia Antidroga Nacional de Canadá, alejada de la política progresista en cuestión de drogas que la caracterizaba. Aunque el gobierno liberal anterior ponderara la despenalización de la marihuana y adoptara la reducción de daños – por lo menos en principio, si no siempre en la práctica -, dichas ideas no tienen cabida en la era Harper.

La estrategia involucra los ministerios de Justicia, Seguridad Pública y Sanidad en un plan de tres niveles para prevenir el consumo de drogas, tratar a los que dependen de las drogas y perseguir la producción y el tráfico de drogas. Como la criticadísima campaña mediática antidroga para los jóvenes en los EE.UU., la estrategia de Harper prevé una campaña pública de concienciación con miras a los adolescentes.

También promete condenas mínimas obligatorias para delitos de drogas “graves”, pero, hasta el momento, Harper no definió sentencias ni delitos.

El plan conservador proporcionará $63.8 millones a lo largo de dos años a la prevención, al tratamiento y a la represión legal, pero renunciará a cualesquier iniciativas de reducción de daños. Cerca de $22 millones de la financiación serán invertidos en la represión, en tanto que cerca de $32 millones serán destinados al tratamiento y $10 millones a la prevención en la forma de una campaña de concienciación.

Fuente: stopthedrugwar.org

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