L@M/ La conspiranoia oficial cataloga a los consumidores de cannabis como enfermos o delincuentes y a los clubes cannábicos como verdaderas tapaderas de traficantes. Al guión de la teoría conspirativa hay que añadir ahora la complicidad de los jueces, que absuelven a la mayoría de asociaciones.
El fiscal jefe del País Vasco, Juan Calparsoro, considera que estos están aplicando «sus jurisprudencias propias» cuando firman sentencias favorables a los clubes. Con tal aberración, Calparsoro insinúa que los magistrados se apartan de la aplicación del derecho al caso concreto que les ocupa, lo cual constituiría un delito de prevaricación si la desviación fuese voluntaria.
Tras sembrar la sospecha, el fiscal jefe se despreocupa de dilucidar si sus señorías aplican sospechosamente las mismas «jurisprudencias propias» (en vez de la ley) porque están a sueldo de los clubes corruptos o porque son víctimas del secuestro de sus Tamagochi. A pesar de que la «doctrina oficial» de la Fiscalía Antidroga no contempla inocentes entre consumidores ni entre jueces que fallan a su favor, la prioridad del ministerio público es recurrir ante el Supremo las sentencias absolutorias a las asociaciones. La Justicia puede esperar.
La Fiscalía Antidroga reconoce que «la mayoría están siendo absueltos». Contra esta realidad, ha programado una «doctrina oficial» estipulando que «estos clubes no cumplen con los criterios que establece la sentencia del Tribunal Supremo sobre consumo compartido», aunque los tribunales dictaminen lo contrario, vulnerando el artículo 24 de la Constitución española que dispone que todos los ciudadanos tienen derecho a la presunción de inocencia.
La obsesión de la Fiscalía por incriminar a las asociaciones es enfermiza. Entiende que «el riesgo de transmisión a terceros» no se elimina en estos clubes. Más riesgo de transmisión real a terceros existe entre los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, de quienes sí está demostrado que participan del tráfico ilegal. Sin embargo, el trato es muy desigual.
A los socios de Pannagh tuvieron que devolverles por orden judicial 17 kilos de marihuana, absolviéndoles del delito de tráfico de drogas. Incluso con estos antecedentes, hoy pesa sobre tres miembros de su directiva una acusación de «integración en grupo criminal» y otra de «delito de tráfico de drogas con cantidad de notoria importancia» por la que se pide en total seis años de cárcel para cada uno.
«Salvo que cambien las leyes, tenemos que acusar», declara Juan Calparsoro (1). Pero nada más imputa a los clubes, cuando la ley se supone que es igual para todos. Por cultivar 154,4 kilogramos de marihuana en una finca de su propiedad con el fin de «obtener un beneficio patrimonial ilícito» (según la propia Fiscalía), de Elcuervo, agente de la Ertzaintza de la comisaría de Vitoria, solo se conoce que haya recibido una sanción de ocho meses sin empleo y sueldo. (2)
La Fiscalía Antidroga no actúa contra el tráfico ilegal, sino contra los particulares. A cualquiera que se le descubra que vende drogas se le pide penas de cárcel, excepto si es un funcionario de prisiones, a quienes de pillarles traficando dentro, se les saca fuera. Curiosamente les juzga la Sala de lo Contencioso-Administrativo cuando correspondería que lo hiciera la Sala de lo Penal. (3)
Enlaces:
(1) Calparsoro: «Salvo que cambien las leyes, tenemos que acusar»
(2) Suspendido un ertzaina por cazar de servicio y cultivar marihuana
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