L@M/ La Guardia Urbana de Barcelona, a falta de verdaderas tapaderas de traficantes entre clubes, lleva dedicadas mil horas de trabajo a controlar los humos de las asociaciones cannabicas para que el Ayuntamiento justifique el cierre arbitrario que está ejecutando.
La Operación Sativa se dispuso en el mes de junio «para luchar contra la proliferación de asociaciones cannábicas» en la ciudad, según palabras de Joaquim Forn, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de la ciudad de Barcelona. En ese contexto, como reconoce el inspector Benito Granados en rueda de prensa, no se ha acreditado ningún caso de tráfico ilegal de 145 asociaciones inspeccionadas (1).
Ahora bien, la Guardia Urbana ha olisqueado humo procedente de los clubes, lo cual al Ayuntamiento le parece más grave que el que se ventile que sus colegas políticos pueden haber blanqueado más de 3.000 millomes de euros procedentes de no se sabe dónde. No se ha planteado registrar sedes de partidos políticos, sino ordenar irregularmente el cierre de 49 clubes cannábicos (uno se ha querellado contra el Ayuntamiento), de los cuales se ha precintado 13 que no han obedecido la orden. Hay previstas más actuaciones en septiembre y octubre.
Los motivos por los que se ha ordenado mayoritariamente el cierre son por no comunicar su actividad y por incumplir «alguna normativa de la salida de humos», sin citar ninguna en concreto. Añade Joaquim Forn que, según determinada prensa vinculada a las asociaciones, tras muchas de ellas «se esconde una actividad que puede afectar a la convivencia».
La asociación cannábica 420, cuyo local se precintó el lunes sin que el Ayuntamiento respondiera por sus actuaciones, ha presentado una querella contra el gerente del distrito de Ciutat Vella, la jefa del Departamento de Licencias e Inspección del ayuntamiento barcelonés y el director de los servicios jurídicos del consistorio, firmantes de la incoación y resolución del expediente (2).
La asociación 420 entiende que desde el Ayuntamiento barcelonés se ha dictado «una resolución injusta, a sabiendas de su injusticia, y totalmente arbitraria, que además conculca los derechos fundamentales de asociación, inviolabilidad del domicilio, presunción de inocencia, derecho a un proceso con las debidas garantías y vulneración del principio de legalidad, entre otros». Los clubes Barnabis y Green Planet estudian interponer una querella similar.
La Federació d’Associacions Cannàbiques Autoregulades de Catalunya (Fedcac) declara que «probablemente, esta sea otra estrategia política para intentar disminuir o acabar con las asociaciones cannábicas que legalmente están constituídas en Barcelona algunas desde hace tiempo y representando un alto número de socios».
Esta federación lamenta que se dicten resoluciones para el cese de la actividad “sin que los hechos denunciados y los informes sobrantes en el expediente hubieran sido ratificados”. Acusa al Consistorio de “prescindir absolutamente del derecho a la presunción de inocencia e ignorar las normas básicas del procedimiento administrativo” y asegura que seguirá «denunciando este tipo de procedimientos injustos y arbitrarios» (3).
Por su parte, la Federación de Asociaciones Cannábicas de Cataluña (CatFAC), que le otorga más importancia a tener porros que a que se respeten sus derechos, que se dedica a difundir que detrás de muchas asociaciones se esconde alguna actividad oscura (sobretodo las numerosas), pide paciencia a los actores implicados y felicita al Ayuntamiento por su valentía, «conscientes de que la administración hace su trabajo y vela por el bien común» (4). Su portavoz defendió este miércoles que el objetivo es “poner orden”, recoge elpais.com.
Porque la doctrina de la FAC, ahora que el New York Times (uno de los brazos políticos y propagandísticos del gobierno norteamericano) sugiere la legalización de la venta de marihuana, establece que los ciudadanos no están preparados para una regulación «por la puerta grande» (5).
Nota:
Durante la rueda de prensa en la que el señor Forn anunció la criba de clubes afirmaba que «para abrir un establecimiento conocido como club de cannabis no se necesita ningún tipo de licencia, se necesita simplemente un comunicado de actividades, una comunicación que se hace llegar al Ayuntamiento». Lo mismo ha repetido ahora el inspector Granados.
Sin embargo, el Ayuntamiento, sin una regulación al respecto, sí ha «concedido licencias a cientos de asociaciones de consumidores de cannabis», según Fedcac, que critica la actitud de las autoridades, que “por un lado dialogan con nosotros” y por el otro “nos cierran los locales”.
Los distintos grupos políticos no se aclaran. Por un lado, Jaume Collboni, candidato del PSC a las próximas municipales, se queja de que «hay tantos clubs en la ciudad porque el ayuntamiento ha permitido iniciar la actividad sólo con un comunicado y no con una licencia de apertura» (6).
Por otro lado, Alberto Fernández Díaz, presidente del grupo popular en el Ayuntamiento de Barcelona, recuerda que «el PPC ya pidió la suspensión de licencias de estos clubes en la comisión de Presidencia del 20 de noviembre de 2013».
Enlaces:
(1) Joaquim Forn explica el precinte de clubs cannàbics de Barcelona
(2) Club cannábico se querella contra funcionarios de Barcelona por orden cierre
(3) Cerco del Ayuntamiento a los clubes de cannabis en Barcelona
(5) Los clubes de marihuana viven un ascenso ¿imparable?
(6) PPC y PSC acusan a Trías de proliferación de clubes cannábicos en Barcelona
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La regulación de los ayuntamientos facilita el cierre de clubes
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