L@M/ «El objetivo legal de autoconsumo» de los clubes de consumidores de cannabis está «normativizado», ha afirmado Joaquim Forn (en la foto), primer teniente de alcalde del ayuntamiento de la ciudad de Barcelona, en una rueda de prensa (1) destinada a retrasar la prometida regulación y a anunciar una criba de clubes cannábicos de la ciudad.
Su afirmación es incierta, no existe ninguna norma específica que regule tal objetivo, simplemente hay ausencia de prohibición al respecto. Lo que sí está normalizada es la presencia de clubes en la ciudad de Barcelona y la inseguridad en la que viven. Ese es el problema que el ayuntamiento se había comprometido con las asociaciones a regular y que no ha cumplido. Forn manifiesta, falseando las expectativas, que el consistorio sí que puede, pero lo que hace es aumentar la inseguridad.
El ayuntamiento de la ciudad de Barcelona pospone un año la adopción de criterios que regulen los clubes y, sin embargo, al mismo tiempo, ya está inspeccionando los clubes para comprobar si cumplen unas reglas que todavía no se han establecido. La trampa, naturalmente, es que no hay manera de cumplir unas normas que no se han fijado previamente. Con la excusa y el camelo de la futura y ambigua regulación, la policía ya accede a locales sin necesidad de permiso de los afectados, de que haya orden jucicial ni indicio previo de delito.
Lo único que puede observar es si la actividad se ajusta a la legalidad vigente. De momento, se han inspeccionado unos cuantos sin que se haya notificado legalmente nada fuera de la normalidad. En breve, si se realiza el trabajo previsto, el ayuntamiento de la ciudad de Barcelona debería de manejar un listado con los clubes que cumplen la ley y otro con los que no la cumplen, debidamente denunciados. Se concede un año para ejecutar la criba.
La Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC) ofrece su «Enhorabuena a los ciudadan@s de Barcelona» (2). También CatFAC felicita al ayuntamiento por la decisión (3). “Nosotros ya avisamos hace tres años de que se estaban creando clubes con propósitos comerciales», reconoce el portavoz de la Federación de Asociaciones Cannábicas de Cataluña. La contribución de la FAC a la medida es reseñable.
La FAC, como la policía, viene criminalizando a los clubes defendiendo públicamente que son tapaderas de traficantes. La FAC no ha denunciado las que conoce, como sería su obligación legal (si es que de verdad conoce algo, le preocupa el asunto y no está siendo mero transmisor de la propaganda oficial), sino que ha generalizado exponiendolas a todas y, ahora, se congratula de que todas vayan a ser inspeccionadas en condiciones tan subjetivas.
La policía puede agradecer, a su vez, el hecho de obtener facilidades para asediar clubes. El sector prohibicionista se muestra muy satisfecho. Ahora tiene un año para demostrar lo que no ha sido capaz en veinte. De momento, de los clubes de consumidores de cannabis está demostrado que cobran cuota de socio, de las Fuerzas de Seguridad del Estado está demostrado que algunos de sus miembros piden un millón de euros por dejar pasar por la aduana un contenedor repleto de hachís.
Enlaces:
(1) Rueda de prensa de Joaquim Forn.
(2) Nota de la FAC.
(3) Comunicado de CatFAC.
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Detenidos tres miembros de asociación ilegal de cannabis en Siurana (Girona)
«Los Mossos registraron el domicilio donde estaba ubicada localizándose un aparato para germinar, cajas con conos de papel para fumar, frascos de vidrio, básculas de precisión, unos 530 euros en efectivo, 754,81 gramos de marihuana y documentación relativa a la asociación».
Los indicadores que encuentran los «Mossos» de que la asociación tiene ánimo de lucro son:
«Fuentes de los Mossos han destacado que tras contactar con la asociación, el consumidor o comprador se tenía que hacer socio pagando 10 euros anuales».
Los socios (a quienes la nota de la agencia EFE se refiere como «clientes») «eran mayoritariamente personas de nacionalidad francesa».
La asociación tenía página web y «no disponía de las autorizaciones pertinentes para ejercer esta actividad». Hay que apuntar que tales autorizaciones no existen.
«Se aconsejaba a los clientes esconder las sustancias compradas en la ropa interior para dificultar el hallazgo en caso de ser parados por la policía».
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