Sigue el acoso y la brutalidad policial, en esta ocasión ante el CSC madrileño La Santa Le Club para requisar 1,5 gr de marihuana a uno de sus asociados (vía: Iniciativa Popular pro Legalización del Cannabis en España, fotografía de María José, «Ajo»).

L@M/ Por la marihuana que se distribuye legalmente en un club de consumidores de cannabis no se paga a los agentes. Sí se puede cobrar jugosas comisiones por el hachís que se vende en los grandes supermercados de las drogas. Así, tenemos unas Fuerzas de Seguridad de Estado muy laxas con el narcotráfico y muy severas con los clubes de consumidores de cannabis. Estos le quitan mercado a los otros.

Los supermercados no tienen huevos de desmantelarlos. Se reservan los cojones para inmovilizar a inofensivos consumidores de marihuana a la puerta de su club o para acceder ilegalmente a un local donde en vez de armas se encuentran «videoconsola, futbolín y hasta mesa de ping-pong». Merecen condecoraciones pinchadas en la punta del rabo.

En Madrid se ha reunido estos días mucha escoria dispuesta a apalear a cualquier ciudadano insatisfecho que se manifieste este fin de semana. De paso que han vacilado al socio de un club, se han entrenado para abusar de jóvenes y personas mayores de las marchas de la dignidad que se concentran hoy en la capital española. Pero el acoso que padecen las asociaciones no es circunstancial. 

No se controla si los usuarios que acuden a los grandes supermercados son de nueva generación o veteranos recalcitrantes. El negocio es estable, da de comer a corruptos y no se desmantela, los que entran frescos por los que se van.

Efectos intervenidos en la operación contra un club malagueño. Falta la consola, el futbolín y la mesa de ping pong.

Pero si en Málaga una asociación admite un nuevo socio «con rellenar un formulario y pagar la cuota» (según los investigadores, la asociación no tuvo «en cuenta el nivel de adicción del nuevo socio»), la policía se las ingenia para sortear las medidas de seguridad del local (un sistema de detección de huellas dactilares), entrar sin permiso ni orden judicial, y detener al presidente y a dos personas más, por si acaso (1).

A saber de dónde se han sacado que «tener en cuenta el nivel de adicción» de un nuevo socio o no tenerlo es un criterio para deducir que se trafica. La cuestión es que desmantelan clubes que restan clientes al tráfico ilegal mientras permiten los centros del narcotráfico, siendo que la mayor organización nacional, privada y conocida, relacionada con el narcotráfico es el Partido Popular (2), ni los Gordos ni la Paca.

La situación no es es aceptable. Ni el trato a los usuarios, ni al conjunto de clubes ni a los cinco miembros del club cannábico Pannagh en particular para los que la Fiscalía antidroga pide penas de cárcel de 22 años y sanciones por valor de tres millones de euros. Martín Barriuso, en concreto, sufre un desgaste personal importante, en paro y con las cuentas y propiedades embargadas.

Durante los últimos años, solo en Euskadi, se han dictado hasta 21 resoluciones judiciales a favor de clubes sociales de cannabis en las que se considera que estas actividades se enmarcan dentro de lo que el Tribunal Supremo define como consumo compartido (3). Los propios Mossos d’Esquadra, además de jueces y fiscales, han constatado que este tipo asociaciones provocan una disminución del trapicheo en la calle.

Las autoridades políticas, sin embargo, tienen la determinación de abocar a sus socios al mercado clandestino y de castigar con ejemplaridad a quien se deja la piel desinteresadamente para alcanzar la legalización y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Enlaces:

(1) Desmantelan en Málaga una asociación pro cannabis que identificaba a sus socio por huellas

(2) Datos que vinculan al Partido Popular con el narcotráfico

(3) Club cannábico Pannahg, ¿la última gota del vaso?