L@M/ El senado uruguayo ha sellado esta semana la legalización de la producción, distribución y venta de marihuana con el objetivo de «sacarle el negocio al narcotráfico». Miles de personas festejaron la aprobación de la ley.
Con tambores a ritmo de candombe, petardos y el tema Legalización del grupo de música español Ska-P de fondo, miles de personas se concentraron en torno a una gran pancarta verde en la que se podía leer “Cultivando la libertad Uruguay Crece”. “Vengo porque no puedo creer esto. Para mí, que me crié en el miedo y que tenía miedo de que a mis hijos les pudiera pasar algo, es un paso muy importante que está dando Uruguay. Me siento muy feliz”, dijo a El País Cecilia López, de 57 años, quien sostenía uno de los extremos de la gran pancarta. (1)
En la misma línea, concejales de un distrito de Berlín han aprobado por unanimidad la apertura de locales autorizados para el consumo de cannabis para expulsar de la zona a un grupo criminal libanés especializado en la venta de drogas, como primer paso destinado a subsanar el fracaso de la prohibición (2).
Por contra, en España, la administración acosa a asociaciones cuya actividad de cultivo y distribución entre socios reduce el trapicheo en la calle, como han constatado los propios Mossos d’Esquadra. Tanto en el País Vasco como en Cataluña, se está investigando precisamente a quienes representan democráticamente la demanda de regulación de los clubes y del cultivo personal ante sus respectivos parlamentos.
El pasado lunes era intervenida La Maca por sexta vez en tres años, sin que ninguno de los anteriores procesos haya conducido jurídicamente a nada (3). «Somos la alternativa al narcotráfico y nos intervienen los cultivos», protestan (4). Ante la demanda de diálogo social, el gobierno sólo oferta confrontación.
España se resiste a aplicar políticas alternativas al fracaso de la lucha contra la droga y trata como delincuentes a las personas que las defienden. La actuación de España, un país en el que las organizaciones delictivas (Caja Madrid) sientan en el banquillo a los jueces que les imputan (Elpidio Silva), favorece el mantenimiento del «status quo» del narcotráfico.
«Si la ciudadanía supiera qué ha pasado en Caja Madrid, el sistema no lo soportaría», amenaza el juez Elpidio José Silva (5). La misma defensa cabe en el caso de las drogas: si se conociera qué sucede con el tráfico ilegal, la prohibición sería insoportable.
El Cuerpo Nacional de Policía del Estado español, líder en consumo de cocaína y cannabis, que invierte más de 25 millones de euros anuales para evitar la llegada de hachís a sus costas y que se incauta del 70% de la droga decomisada en la Unión Europea, firma acuerdos con sus homónimos marroquíes que, según informes de la Guardia Civil, custodian y facilitan la salida de las embarcaciones utilizadas para las operaciones de alijos de hachís con destino a las costas españolas con total impunidad (6).
Cuando el director general de la Policía Nacional española, Ignacio Cosidó, reclama más inversión en inteligencia policial y el ejecutivo anuncia poderes para los mismos vigilantes de seguridad privada que dejan en manos de traficantes llaves de acceso y claves de alarmas de los edificios que custodian la droga decomisada, da escalofríos.
(1) Uruguay aprueba una ley inédita para regular el comercio de marihuana
(2) Coffee Shops en Berlin, Para Expulsar Al Narcotrafico
(3) Operació de la Guàrdia Urbana contra el consum de cànnabis a Barcelona
(5) http://www.eldiario.es/politica/Elpidio-Silva_0_206480007.html
(6) Capos del hachís
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