“Esta iniciativa sólo tendría cabida en nuestro ordenamiento jurídico si se configura como un proyecto referido a la creación de centros no abiertos a un público indiscriminado, sino de acceso restringido a fumadores de hachís o marijuana, en los que se exigiría como medida de control del acceso el tener la condición de consumidor habitual. Se trataría, por tanto, de lugares de consumo privado entre consumidores habituales en los que se podría adquirir y consumir cantidades que no sobrepasen el límite de un consumo normal. No estaría permitido el tráfico de cannabis entre los consumidores y la cantidad de cannabis adquirida debería ser consumida en el recinto”.

La Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC), cuyos miembros tanto se han esforzado por lograr un mercado legal para el cannabis, lideró, elevó y escenificó la propuesta ante el Parlamento en 2006. El afán de la FAC por controlar las variables del experimento en el ámbito nacional, comenzando por los propios clubes, ha sido infructuoso. Su éxito se concentra en el País Vasco (aunque tampoco se ha logrado una regulación), donde el trabajo cooperativo ha construido una masa social comprometida con un proyecto concreto adaptado a su realidad. La experiencia es única y admirable.

Oficialmente, la FAC ya no defiende la normalización

La gestión del experimento español por parte de la FAC está siendo esperpéntica, llegando en los últimos días a señalar a otras asociaciones como traficantes. Hace un par de años, la FAC dio un giro de 90 grados en sus principios. Oficialmente, la FAC ya no defiende la normalización.

Ahora reclama “mecanismos legales que impidan la mercantilización del cannabis” (sin prisión).  “…nuestra visión del modelo a alcanzar cambió. Si conseguimos abastecernos directamente y en mejores condiciones, ¿para qué vamos a luchar por un mercado capitalista para el cannabis,…” (sic).

Nunca se luchó por un mercado capitalista para el cannabis. Se lucha (la FAC, ahora no) por la normalización del cannabis, que incluye (entre otros aspectos) la regulación legal de la venta de cannabis a adultos. Pero donde el activismo antiprohibicionista veía y ve soluciones, la nueva versión conformista y prohibicionista de la FAC augura profecías malignas y tiene visiones utópicas:

“Antes que cambiar el actual panorama de represión y mafias por otro escenario de marihuana adulterada y poco ecológica, empaquetada por empresas multinacionales (…) preferimos imaginar un mundo (…) utópico”.

La marca FAC, que antes lideraba una reivindicación sólida y estructurada por la legalización, ahora encabeza una utopía. Así, no puede ser interlocutor más que de sí misma; en absoluto, de los consumidores de cannabis, para lo cual están completamente inhabilitados.

Para colmo de la distorsión, la pasada semana se presentó MadFAC, agrupación de ocho asociaciones, que, aprovechando los años de trabajo de la FAC,  enfatiza su ánimo de distinguirse de “mutaciones mercantilistas y oportunistas del modelo asociativo, que usaban todo el trabajo previo desarrollado por la FAC”.

De la prensa cannábica no se espera que informe de que la mutación oportunista es la que ha experimentado la marca FAC, que bajo las mismas siglas y amparándose en el trabajo antiprohibicionista previo (que no tiene exclusividad), está orquestando una campaña de criminalización hacia asociaciones que no le gustan.

La lista de características de las presuntas asociaciones traficantes se amplía

Ya no son sólo las no regentadas por españoles, como publicaba Soft Secrets, sino también las que son visibles y accesibles y las que son grandes y comerciales (esta característica, la comercial, no es nueva, pues está prohibido el comercio y todas las asociaciones padecen ese cliché a instancias de la administración. La novedad es que se le endiña el sambenito a las accesibles, a las visibles y a las numerosas).

La FAC continúa inculpando asociaciones de tráfico. Si la policía no sabe buscar, Barriuso le da pistas (se entiende que sin ánimo de lucro), aunque sigue siendo demasiado ambiguo (con los perjuicios que eso puede conllevar para los clubes visibles y o grandes): “cuando se dan muchas facilidades para encontrar el club, o su ubicación está pensada para que la gente lo vea, hay que pensar que eso no es un circuito cerrado con plazas limitadas, sino un punto de tráfico camuflado de otra cosa”.

Barriuso nos encauza a pensar lo que no es razonable, que un traficante se camufle mostrándose abiertamente como sospechoso habitual de venta de cannabis, dado que las asociaciones son perseguidas conforme inician su actividad, según el Delegado del Gobierno del PNSD. A la periodista, que no verifica datos, sí que se la cuela.

“Se han dado casos de clubes sociales grandes que se dedican a la comercialización más que al autoconsumo”, afirma Elisabeth G. Iborra sin aportar ninguna prueba (sentencia judicial) tras hablar con Barriuso, quien comenta: “en la FAC no nos gusta el modelo de club grande con carácter comercial, entendemos que no se puede garantizar la transparencia y la gestión democrática y que hay riesgo de manipulación por intereses comerciales”.

Se habla mucho de moral en los entornos de la FAC. Sin entrar en cuestiones éticas de si está bien o mal hacer con otros lo mismo que no te gusta que te hagan a ti (nadie debe de ser discriminado por cuestión de moral, sexo, procedencia,…), lo que acarrea consecuencias es acusar a terceros en falso, dado que está tipificado como delito por dañar a terceras personas.

Riesgo de un ataque represivo contra los clubes

En una conferencia en la feria Spannabis, Barriuso se mostró preocupado porque en el extranjero se dijera que Barcelona parecía el Amsterdam español. Eso, destacaba, presionaba a la administración y se corría el riesgo de un ataque represivo contra los clubes. No cabe dudar que también valora que sus declaraciones publicadas en España añaden más presión todavía para que las Fuerzas de Seguridad del Estado actúen contra las asociaciones.

Barriuso incrementa la presión de intervención de clubes dirigiéndola fuera de la marca FAC. Ya lo hizo hace dos años y no le funcionó. No ha habido piedad con Pannagh ni con Maca. Si la estrategia es la del no somos nosotros, son ellos, es patética, y no van a dejar títere con cabeza (igual nos libramos por la tendencia americana). Si con motivo de la polémica sobre las declaraciones de los fiscales, la FAC titulaba que todos los CSCs son culpables hasta que no se demuestre lo contrario (ni aún así, se podría replicar), ahora da a entender que unos son más culpables que otros: los grandes, los accesibles y los visibles..

La persecución de asociaciones es cosa de la administración. Si a la FAC le consta que alguien comete delito, su obligación es denunciarlo formalmente para que quien le corresponda actúe en consecuencia sólo contra quien vulnera la ley y evitar que la sospecha se extienda. De otra manera, haciendo publicidad de que los clubes grandes, los accesibles y los visibles se dedican a comercializar cannabis, está poniendo en el punto de mira de la policía a un abanico indeterminado de CSC, legitimizando el estigma del crimen que pesa sobre los consumidores.

Si se trata de una campaña de segurización, regalar miedo para vender seguridad (mediante auditorías y controles de comportamiento), es poco convincente. El modelo cooperativo, siendo lo más aconsejable, tampoco es seguro, también se intervienen cultivos y locales y son incriminados los socios. Por otra parte, qué seguridad te aporta quien te cuestiona (vinculándote a un delito) sólo por el hecho de no estar bajo su control. Deja poco lugar para al entendimiento y si hay daños, mucho para el rencor.

Una hipótesis alternativa, es que los servicios secretos estén interviniendo la comunicación de la FAC e imponiendo determinadas consignas para generar desconfianza y obtener datos de consumidores. Es preocupante que de manera extraoficial, como expuso el médico José Marrollo en Growmed, la policía podría estar utilizando datos de algunos clubes de consumidores.

Desde la Brigada Político Social franquista a la Stasi de la República Democrática Alemana, todas las policías, y en particular las de los regímenes dictatoriales, han acumulado multitud de datos sobre un gran número de ciudadanos.  El total de líneas intervenidas en España puede rondar el millón. El Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO) maneja documentos para dasactivar movimientos sociales (cómo seleccionar informantes). Para facilitar la infiltración en redes de narcotráfico, se falsean identidades.

Una unidad secreta de la policía británica se infiltró durante años en grupos de activistas políticos, ambientales, pro-animales, etc. Más de 100 policías fueron enviados a espiar durante periodos de hasta 10 años grupos de activismo político. Desarrollaron elaborados alter-egos para aparentar comprometidos activistas, utilizaron la identidad de niños fallecidos y hasta tuvieron hijos con las personas que espiaban. Uno de ellos explica todos los detalles (en inglés).

No obstante, si la interferencia no va acompañada de ataques selectivos o de algún montaje, es el panorama menos nocivo.

Otra visión sobre los distintos modelos de clubes la dio Iker Val, presidente de Ganjazz, segundos antes de que hablara Martín Barriuso en la conferencia citada en Spannabis. Iker distinguió entre clubes cooperativistas y otros con enfoque de mercado. Cada modo está legitimado, dijo, hay que convivir, Se puede ser diferentes pero hay objetivos concretos, normalizar el cannabis, que no haya criminalización. Con su cambio de postura, la FAC se ha alejado de esos objetivos.

También se preguntaba si estamos preparados para un ataque de la fiscalía. La respuesta es que desde luego que no, para eso nunca se está preparado. Menos, si hay tanto empeño por una parte en señalar a otros clubes como delincuentes.

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