Constitución Española:

Artículo 51
1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.

2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca.

Leyendo y releyendo este artículo, pienso que estamos en babia desde hace mucho tiempo y que toda asociación cannábica debería, si tiene intención de doblegar el tabú, desde ayer, de encabezar el apartado fines de los estatutos con dicho texto, adaptándolo al caso: «En atención al artículo 51 de la Constitución Española, la asociación XXX se preocupará de los consumidores y usuarios de drogas, de su seguridad, salud y los legítimos intereses económicos. También, promoverá la información y la educación de los consumidores y usuarios y los escuchará en las cuestiones que les puedan afectar.»

Creo que es una herramienta a la que no le habíamos prestado la suficiente atención y que modificaría considerablemente nuestra imagen y nuestra fuerza a la hora de ser escuchados. De frívolos fumetas, de flipados, podríamos, a la vista de nuestro interlocutor (sabemos que nos observan más desde sus prejuicios que desde la razón), transformarnos en ciudadanos comprometidos y responsables.

La puñetera ley Corcuera nace de un decreto ley de un gobierno con mayoría absoluta en crisis y que necesita cortinas de humo frente a Filesas y señores X, cuyo fin, principalmente, es la lucha contra bandas armadas y elementos terroristas y que, de pasada, se emplea contra nosotros. Los hechos demuestran que no funciona contra el consumo de drogas y la FAC está haciendo un esfuerzo importante por publicitarlo. No hay que olvidar que la Constitución está por encima de los errores que el gobierno pueda cometer, aún con buena fe, y puede obligar a reconducir el asunto si se llega en última instancia a élla. Eso nos demuestra la sentencia del tribunal constitucional 196/2004. La objeción de conciencia del servicio militar obligatorio es otro ejemplo y el artículo que establece su importancia también merece nuestro análisis.

La Constitución es y debe de ser nuestro mejor aliado pues es quien más nos puede proteger de los abusos del poder, es quien nos otorga derechos y es en quien más podemos confiar pues no tiene intereses económicos personales que engrosar ni servidumbres que aceptar más allá que las nuestras. Ningún apartado de la Constitución nos criminaliza, no mira desde el prejuicio. Al contrario, nos tiende su mano, está llena de derechos adquiridos que nos pertenecen y de los cuales nos deberíamos de aprovechar.

La perversión que nos oprime radica en el término salud y en la definición y clasificación de drogas que los gobiernos han prostituido contractualmente al servicio de intereses nada claros. Hay que pensar que los gobiernos son vulnerables ante las normas que los regulan.

Si quien legisla no escucha porque observa desde el tabú y esto es cierto, si nosotros pensamos que hablamos desde la razón y lo hacemos, y que tenemos derechos y los tenemos, entonces lo más útil es acudir a quien desde la razón y la experiencia regula a quién legisla, La Constitución. Otros han llegado, han sido escuchados y han doblegado al poder fáctico.

La Constitución es un gran camino, no el único, y el más seguro. Un gobierno podría hoy permitir y volver a prohibir más adelante según sus intereses. Cuando fuese necesaria una cortina de humo, por ejemplo ante una recesión económica y unas elecciones cercanas, lo más sencillo sería recurrir al alarmismo y a la represión y las drogas serían de nuevo las responsables del mal. Una resolución de la Constitución garantiza permanencia.

Un brindis por la Constitución y por los derechos que nos otorga. ¡Viva la Pepa!