La discusión se abrió ante la detención de dos personas por tener plantas de cannabis. Es que la legislación uruguaya no castiga la tenencia de droga para consumo personal, pero sí el cultivo. Un proyecto en el Parlamento.
Por Emilio Ruchansky

Página 12 / Los procesamientos con prisión preventiva en Uruguay de la argentina Alicia Castilla, autora del libro Cultura Cannabis, y de Mauricio B., un artesano local de 39 años y con dos hijos, abrieron el debate sobre la legalización de la marihuana. Más precisamente, de su cultivo. Ambos fueron detenidos por tener plantas de cannabis. En el caso de Castilla eran quince, Mauricio tenía siete. “En todo el 2010 hubo 63 incautaciones de plantas de marihuana y ningún procesamiento. En estos dos casos fue la misma jueza (Adriana de Aliz) la que tomó la decisión a partir de una interpretación retorcida de la ley, algo que no hizo ninguno de sus pares”, le dijo a este diario Milton Romani, titular de la Junta de Drogas del gobierno uruguayo, donde ya se discuten iniciativas parlamentarias para permitir el autocultivo.

A diferencia de Argentina, en Uruguay no está penada la tenencia de drogas para consumo personal pero sí el cultivo con los mismos fines. Esto último, según Romani, debe quedar más claro en una futura norma. “Cultivar es un acto derivado de la tenencia, es asimilable al uso personal”, explicó el funcionario, quien además destacó: “Por la ley actual, el juez debe atenerse a ‘su convicción moral fundada’, y yo sacaría lo de ‘moral’, antes de procesar a alguien por tener plantas. En el caso de Castilla está probado que no cultivaba para comerciar”.

La escritora argentina, de 66 años, estaba viviendo en Atlántida, a unos 45 kilómetros de Montevideo, cuando su casa fue allanada tras una denuncia. Hace cuatro semanas que permanece detenida en una cárcel en el departamento de Canelones, al igual Mauricio B. La semana pasada, hubo una marcha a la Corte Suprema de Justicia uruguaya pidiendo la liberación de ambos y la urgente reforma de la ley. La activista Clara Musto, de la asociación Prolegal, informó que de las tres iniciativas sobre autocultivo una sola fue presentada en el Parlamento, la del diputado Luis Lacalle Pou, del Partido Blanco.

“El problema del proyecto de Lacalle es que, si bien despenaliza el cultivo, aumenta las penas por narcotráfico sin hacer ningún tipo de distinción entre el minorista o la mulita y los grandes narcos. También se están debatiendo y redactando dos proyectos del oficialismo que van a ser más completos: el del socialista Nicolás Núñez y otro, que creemos que será más ambicioso, de Sebastián Sabini, del Movimiento de Participación Popular (MPP)”, contó la activista. El MPP es el partido mayoritario dentro del Frente Amplio.

Consultado por este diario, Sabini aseguró que durante el año pasado se examinó la reforma a la ley de drogas en la Comisión de Adicciones, a partir de los reclamos y propuestas de varias organizaciones de usuarios y cultivadores, como Prolegal y Plantá tu planta. “El problema central es que la ley actual habilita el consumo y la tenencia, pero no facilita los canales de obtención de marihuana”, dijo el diputado. Por lo demás, a excepción de la jueza que procesó a Castilla y Mauricio B, “Uruguay es un país bastante liberal y tolerante, desde el 2000 a estos años”, comentó.

Entre los debates que se abren está el esquema regulatorio. Para Romani, de la Junta de Drogas, no conviene especificar cantidades para el cultivo, sino dejar el tema supeditado a los fundamentos de cada juez. En cambio, el diputado Sabini cree acertado permitir ocho plantas hembras (las que producen flores con efectos psicoactivos) y 25 gramos de marihuana para tenencia para uso personal. “Con la aclaración de que uno puede tener muchas plantas como parte del proceso de cultivo, hasta poder diferenciar las que son machos y hembras”, señaló.

En lo que coinciden Sabini y Romani es en “la necesidad del cambio de regulación en los mecanismos del control de drogas”. Esto incluye permitir el autocultivo y otras opciones, como los clubes de cultivo que existen en España, donde varios cultivadores informan a la policía el lugar y la cantidad de la siembra y se asocian para cultivar. “Estas ideas se están discutiendo en medio de una gran ignorancia del sistema político”, admitió Romani. Por su parte, Sabini aseguró que “el autocultivo es el primer escalón para poder discutir más adelante la comercialización regulada de marihuana”.

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L@M / Todas las televisiones han mostrado la permisividad policial con la venta de sustancias sin control en la Cañada Real de Madrid. Esta semana, al unísono, todos los informativos han ofrecido la imagen de que se toman medidas. Han perpetrado un teatrillo prohibicionista, han inyectado en los telespectadores una dosis de legitimidad adulterada, ficción disfrazada de realidad.

Más de un centenar de clientes asaltados, trece detenidos, una caja fuerte con doce mil euros y seis puertas blindadas derribadas para encontrar tres señoras vendiendo drogas. Muy poca cantidad decomisada para un supermercado tan galáctico (1,1 kilos de cocaína, 600 gramos de heroína y 42 gramos de hachís).

Si ya no la venden los Gordos, lo hacen flacos. La droga sigue donde estaba, sólo que un poquito más cara.

El reportaje de Comando Actualidad sobre marginalidad y drogas, emitido en varias ocasiones, muestra a los agentes del orden consintiendo la venta ilegal de drogas adulteradas en La Cañada Real de Madrid y cacheando a los clientes al entrar o al salir del supermercado de la droga (uno de los consumidores es grabado en ambas circunstancias). Los contrabandistas no necesitan porteros ni matones, la autoridad uniformada hace la función.

El dispositivo consta de, al menos, 10 vehículos. Quiénes menos riesgo corren son los presuntos delincuentes. Uno de los responsables de la operación se justifica ante la reportera: Contra el trafico no hay nada que hacer, es que se necesitan muchos medios, es que tienen puertas blindadas, es que hay muchas casas, es que están organizados, es que el juez solo  da orden de registro para una,… La periodista da crédito a las excusas.  El portavoz policial completa la coartada: Cuando sabemos que hay más droga de lo habitual, entonces actuamos. No habla de cantidades. Podría calcularse la cantidad de droga que permite almacenar y distribuir el particular salvoconducto, si se tiene puerta blindada y se cumplen otros requisitos.

¿A quién beneficia esta situación?

El traficante gana por tres costados, por lo que le cobra al consumidor, por lo que no tributa y por el permiso policial sin papeles (que no sin precio).

El ciudadano, que obtiene el dinero recaudado con las sanciones al consumidor, deja de ingresar mucho más por la ausencia de impuestos y sufraga el gasto policial de acosar al consumidor y proteger al narco.

El consumidor, además del coste como ciudadano, desembolsa un sobreprecio por una sustancia adulterada, apoquina por las sanciones y contribuye para que la policía lo discrimine cuando debería de protegerlo.

La generación NI-NI de los poderes públicos

Ni hacen nada contra la venta ilegal de drogas, ni respetan los derechos de los consumidores otorgados por el artículo 51 de la Constitución Española, que asegura que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos.

Cuando las drogas son legales (como lo es el alcohol o el valium y lo ha sido el opio con toda naturalidad) los beneficios del traficante son residuales, la administración ingresa líquido a través de los impuestos y los consumidores no se diferencian de los ciudadanos.

La legalización de todas la drogas es un objetivo saludable para la sociedad.