L@M/Imágenes de televisión española TVE dan fe de como la policía tolera el delito y empicota a la víctima. Esto sucede en una sociedad donde es más económico dejar libre a un narcotraficante (300€ le cuesta al juez Baltasar Garzón) que tener un porro en el bolsillo (a partir de 301€ para un ciudadano sin privilegios).

El reportaje de Comando Actualidad sobre marginalidad y drogas, emitido en varias ocasiones, muestra a los agentes del orden consintiendo la venta ilegal de drogas adulteradas en La Cañada Real de Madrid y cacheando a los clientes al entrar o al salir del supermercado de la droga (uno de los consumidores es grabado en ambas circunstancias). Los contrabandistas no necesitan porteros ni matones, la autoridad uniformada hace la función.

El dispositivo consta de, al menos, 10 vehículos. Quiénes menos riesgo corren son los presuntos delincuentes. Uno de los responsables de la operación se justifica ante la reportera: Contra el trafico no hay nada que hacer, es que se necesitan muchos medios, es que tienen puertas blindadas, es que hay muchas casas, es que están organizados, es que el juez solo  da orden de registro para una,… La periodista da crédito a las excusas.  El portavoz policial completa la coartada: Cuando sabemos que hay más droga de lo habitual, entonces actuamos. No habla de cantidades. Podría calcularse la cantidad de droga que permite almacenar y distribuir el particular salvoconducto, si se tiene puerta blindada y se cumplen otros requisitos.

¿A quién beneficia esta situación?

El traficante gana por tres costados, por lo que le cobra al consumidor, por lo que no tributa y por el permiso policial sin papeles (que no sin precio).

El ciudadano, que obtiene el dinero recaudado con las sanciones al consumidor, deja de ingresar mucho más por la ausencia de impuestos y sufraga el gasto policial de acosar al consumidor y proteger al narco.

El consumidor, además del coste como ciudadano, desembolsa un sobreprecio por una sustancia adulterada, apoquina por las sanciones y contribuye para que la policía lo discrimine cuando debería de protegerlo.

La generación NI-NI de los poderes públicos

Ni hacen nada contra la venta ilegal de drogas, ni respetan los derechos de los consumidores otorgados por el artículo 51 de la Constitución Española, que asegura que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos.

Cuando las drogas son legales (como lo es el alcohol o el valium y lo ha sido el opio con toda naturalidad) los beneficios del traficante son residuales, la administración ingresa líquido a través de los impuestos y los consumidores no se diferencian de los ciudadanos.

La legalización de todas la drogas es un objetivo saludable para la sociedad.

Alfonso Guerra está corriendo por el Congreso de los Diputados, escaleras arriba, escaleras abajo, entre los escaños, cuando ve a José Luís Rodríguez Zapatero que se está haciendo un porro. Alfonso se para y le dice a Zapatero:
- Amigo Jose Luis, no te fumes ese porro. Mejor te vienes a correr conmigo, ya verás que sano es correr un buen rato.

Zapatero se lo piensa y decide tirar el porro y seguir a Alfonso Guerra. Los dos están corriendo por el Congreso y descubren a Mariano Rajoy a punto de esnifarse una raya de cocaina. Alfonso Guerra se acerca a Rajoy y le dice:
- Amigo Mariano, deja de esnifar coca y vente a correr con nosotros, verás que bien.

Rajoy se lo piensa, tira su espejo con la raya y decide seguirlos. Están los tres corriendo cuando, de pronto, se encuentran con Felipe González que está a punto de inyectarse una dosis de heroína. Alfonso Guerra le dice:
- Amigo Felipe, deja el pico y ven a correr con nosotros, ya verás lo bueno que es.

Felipe González se acerca a Alfonso Guerra y le pega un tortazo monumental. Los otros dos Diputados, escandalizados, preguntan a Felipe González:
- ¿Por qué has hecho eso? ¡Alfonso solo quiere ayudarnos a dejar la droga!

Y Felipe González responde:
- ¡Es que este Alfonsito Guerra gilipollas me hace correr como un imbécil cada vez que se toma una pastilla de éxtasis!

L@M / La experiencia de los Clubes Sociales de Cánnabis en España no es algo novedoso, ya que arranca en 1993. Fue entonces cuando la asociación ARSEC, de Barcelona, envió una carta al fiscal anti-droga de Catalunya, en la que planteaba que, puesto que ya en 1974 (en plena dictadura de Franco) el Tribunal Supremo decidió que el simple uso de drogas no es un delito, tampoco debería serlo el cultivar para cubrir el consumo personal.

Y no es la primera vez que la justicia española tiene que recular ante semejante acción. Ya ocurrió también con la asociación bilbaína PANNAGH, teniendo que reconocer bajo sentencia el derecho a reunión, consumo y distribución para sus integrantes (además de serles devuelta la sustancia incautada).

El caso SECA

La situación poco ha cambiado, cuando se cumplen casi dos años de la ridícula detención del presidente de la SECA (Sociedad de Estudios del Cáñamo en Aragón), Alfonso de la Figuera Aranda por delito de tráfico de sustancias que no causan grave daño a la salud y después de un tratamiento mediático de lo más penoso (en la noticia  enlazada en ningún momento habla de que este señor es el presidente de la SECA, ni del fin al que iba a ser destinada la sustancia, o lo que es peor que  no sepan distinguir entre trafico o distribución), el pasado 29 de diciembre, fue absuelto del presunto delito por la jueza del Juzgado de lo Penal nº 3 de Zaragoza. Una sentencia más que se une a otras similares  precedentes del camino legal a seguir.

Como es habitual en los delitos contra la salud pública, no hubo presunción de inocencia (en los delitos contra la salud pública  se invierte la carga de la prueba,  no son ellos quienes tienen que demostrar que estás cometiendo un delito, sino que tienes que demostrar que tú eres inocente, puesto que estás en posesión de una sustancia ilícita) a pesar de que el informe jurídico Soto-Muñoz del Instituto de Criminología Andaluz habla claramente de la viabilidad de los clubes de consumidores de marihuana (y en las distintas sentencias en este sentido en las que se alude a la jurisprudencia del consumo compartido aprobada en el Tribunal Supremo).

Consumir en locales homologados

En el caso SECA la sustancia incautada fue de 2Kg de marihuana y 600Gr de hachís que repartida entre sus 850 socios vendrían a ser unos 3,05Gr por socio.  En la sentencia absolutoria no les clausuran el local como se pedía por la fiscalia sino que les dicen qué hay que hacer para cumplir la ley al distribuir en una asociación este tipo de drogas (el local de la SECA reunía las condiciones legales), a saber:

1. Los destinatarios del consumo han de ser adictos o consumidores
2. Ha de ser un local cerrado y que no se vea desde fuera
3. Se puede suministrar cantidades para consumo de una vez
4. Ha de ser un número pequeño de socios
5. Han de estar identificados

En el comunicado de  la SECA podemos leer que:  ‘transcurrido el plazo para recurso, la sentencia absolutoria resulta firme y que la SECA ha pretendido abrir un hueco para una legislación europea común, respetuosa con la bioética (uno de cuyos principios afirma que no se puede a tratar a un ciudadano en contra de su voluntad, como, por ejemplo, impidiéndole el acceso a determinadas plantas), con la salud pública (esmerándose en impedir el acceso de las sustancias a terceros menores de edad o no consumidores habituales), con la libertad de conciencia (permitiendo a aquellas personas que, conscientes del posible uso terapéutico para ellos de sustancias proscritas de la medicina tradicional en el último siglo, pretenden, al menos, probarlas, ante el cúmulo de efectos secundarios de la medicina “oficial”), y en concordancia con los informes Buitenweg y Catania del Parlamento Europeo (años 2001 y 2004), que abogan por la apertura de locales de consumo seguro de drogas. De hecho, incluso el informe Reuters de Naciones Unidas, del año 2008, y recientes declaraciones de Eusebio Megías, de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, reconocen que año tras año la Guerra contra las Drogas gasta más dinero en prevención, publicidad y rehabilitación para que, sin embargo, cada año se incrementen el tráfico y consumo de drogas y la corrupción y el peso de las mafias en los aparatos estatales…)’.

Más de lo mismo

Han pasado más de tres años  y los enfermos necesitados de cánnabis del resto del Estado siguen viéndose obligados a recurrir a las asociaciones cannábicas para poder aliviar sus dolencias. Después de que una iniciativa de Chunta Aragonesista (julio de 2005) para la distribución de marihuana en los centros sanitarios públicos aragoneses a enfermos para los que su uso pudiera resultar útil. La iniciativa, basada en una propuesta de la SECA, fue desestimada  en las Cortes Aragonesas con la oposición de todos los otros grupos, incluido Izquierda Unida. La contestación les remitió a esperar al resultado del programa piloto que ya existía en Cataluña y que debía concluir en el plazo de 6 meses y que, según afirmaron los representantes socialistas, posteriormente extendería el uso del cánnabis al resto de la red sanitaria nacional.  Meses más tarde, la SECA (representando a más de mil socios) compareció en diciembre ante la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos de las Cortes de Aragón para reclamar la legalización del cánnabis. A fecha de este artículo bien podemos decir parafraseando al refranero español que llovió sobre mojado.

Para más información sobre los clubes de fumadores de marihuana, os mostramos dos vídeos; en el primero podemos ver la conferencia de la Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC), en la SPANNABIS 2009 y en la que Martín Barriuso presenta modelos de clubs de consumidores de cannabis y nos explica cuales son sus fundamentos, posibilidades o posibles problemas. En el segundo vídeo podemos ver la conferencia de la asociación  cannábica alicantina ALACANNABIS, presenta su Cultivo Colectivo y Club de Consumidores. El acto se celebró  en el entorno de la VII Copa Alacannabis.

Fuentes:

La Verdad – Alacannabis – Encod – Interviu – Hemptube

TNI – Radical Party – Energy Control – UNODC – Cannabis Magazine

El dinero circulante del mercado de drogas ilícitas es incalculable. Los Estados lo emplean para sus guerras sucias; los funcionarios, por un sobresueldo y una jubilación decente; algunos aventureros, para obtener fortuna; otros, para pagar la hipoteca o el propio consumo. ¿Son ajenos a este tipo de financiación los partidos políticos?

Precisamente, el principal problema problema de estas organizaciones es la financiación. “La siniestra sombra de la corrupción empaña las actividades financieras de los dos partidos políticos más importantes del país”. Lo documentaron los autores de El dinero del poder en 1991. Los recientes casos Gürtel o Faisán muestran que se mantienen las formas. “Comportamientos más típicos de películas de gangsters que de altos cargos de partidos de orden”, opinaban.

Naseiro y la financiación del PP

“Nunca en la historia reciente de España una conversación telefónica había reflejado con toda su cruda realidad la forma en que un partido obtiene el dinero clandestino para financiarse”. Se refieren los periodistas al caso Naseiro.

Fco. Álvarez Cascos estaba convencido de que tras el escándalo Naseiro estaba el gobierno socialista. Alfonso Guerra, en plena digestión del caso Juan Guerra, arengaba meses antes en un mitin en Sevilla: “En los próximos meses vamos a ver grandes cosas, porque los socialistas les vamos a tomar la palabra. ¿Quieren catarsis? Pues hagamos la catarsis para todos. ¡Para ellos también!”

Rosendo Naseiro, tesorero del PP en 1990, hombre de confianza de José María Aznar e íntimo amigo de Manuel Fraga, fue encarcelado por un presunto delito de cohecho en operaciones inmobiliarias, aunque los policías que solicitaron la intervención del teléfono basaron la petición en un presunto delito de tráfico de drogas: “Porque sospechamos que se están produciendo llamadas de interés policial, toda vez que en ese teléfono se ponen en contacto individuos pertenecientes a una organización internacional de traficantes de cocaína para establecer citas”.

“De acuerdo con la versión oficial, las grabaciones telefónicas no habían aportado información suficiente como para procesar a nadie por presunto delito de tráfico de estupefacientes y el juez envió las diligencias al fondo de un armario sin transcribir siquiera el contenido de las cintas grabadas”, subrayan Díaz Herrera y Tijeras.

Sarasola, el broker de Felipe, entre fusiles y cocaína

En el otro lado de la misma moneda, Enrique Sarasola Lerchundi, mentor de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), íntimo de Felipe González, “el hombre que se esconde tras las mayores operaciones financieras del PSOE”, de entonces, estuvo a punto de ir a prisión por un asunto de drogas que le acarrearía su mayor quebradero de cabeza ante la opinión pública.

En los primeros meses de 1990, el traficante arrepentido Ricardo Portabales se ponía en contacto con el juez Baltasar Garzón, que instruía en esos momentos uno de los sumarios más importantes sobre el narcotráfico en España.

“En el año 1988 -declaró Portabales- hubo una reunión en un hotel de Isla Cristina (Huelva) para vender fusiles AK-47 a los narcotraficantes colombianos”.

“A la reunión de Isla Cristina asistieron -continuó Portabales- el empresario Sarasola, los narcotraficantes Laureano Oubiña y Paz Carballo y el traficante de armas Monzer Al Kassar”.

Baltasar Garzón

La operación Nécora fue el inicio de la lucha contra el tráfico de drogas a gran escala en las costas gallegas. El macroproceso concluyó en 2004 con la lectura pública de la sentencia. Las mayores penas fueron para lancheros y segundones. En 1994, tras la primera sentencia se podía leer en la portada de El Correo: ”El fallo provocó reacciones de rechazo e indignación, fundamentalmente en agrupaciones de lucha contra la droga y de familiares de toxicómanos, así como de la propia Xunta Gallega”.

Baltasar Garzón publicó un libro junto con el propagandista Eusebio Megías, Narco, de 1997. Igual explican cómo se les escapan los máximos responsables. El último asunto publicado es del año pasado.

Casualmente, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial va a debatir mañana jueves la propuesta de la desestimación del recurso presentado por el juez Baltasar Garzón contra la sanción de 300 euros de multa que se le impuso por no controlar el plazo de prisión preventiva de dos narcotraficantes turcos, lo que determinó que tuviera que excarcelarlos, según publica hoy el diario ‘El Mundo’, en una crónica de Marisa Peral.

El antiguo presidente de la Polinesia francesa, Oscar Temaru, propone (para impulsar el empleo y activar la economía) legalizar el pakololo, el cannabis local, aunque sólo para vender a los extranjeros. La gendarmerie estima que en la Polinesia Francesa la economía sumergida ligada al pakalolo representa cada año al menos 83 millones de euros. Lo cuenta l´express.fr. Sin embargo, precisamente por la economía, está prohibido.  Los partidos no tendrían esa opción.

biblIOGRAFÍA

José Díaz Herrera y Ramón Tijeras; El Dinero del Poder; Ed. Cambio 1; Madrid; 1.991.

El PNSD prevé  manipular la percepción de los ciudadanos, los medios desinforman y los ciudadanos son engañados ¿cómo es posible en  nuestra Democracia?

Con la llegada de un nuevo gobierno al poder, todos los negocios, incluidos los de las armas y los de las drogas, cambian de manos. “Los beneficios de los grandes negocios vienen a engrosar las vías de financiación del partido o se quedan en los bolsillos de los más destacados empresarios”. Así se pronuncian José Díaz Herrera y Ramón Tijeras en El Dinero del Poder, un libro imprescindible para conocer los entresijos del mismo. “El gobierno socialista, que ha comienzos de 1.982 hablaba de moralizar la vida política, y que nada más llegar al poder subió el coeficiente de los bancos, impuso un horario a los funcionarios, aprobó la ley del divorcio y redujo el horario laboral a 40 horas”, se ocupó del negocio de las drogas y de otros muchos.

La cruzada farmacrática fue el invento de un solo país que se exportó mediante una política de sobornos y amenazas,  explica Antonio Escohotado. “Una vez creado el problema, todos los gobiernos comprendieron las distintas rentas políticas y económicas que se derivaban de mantener la cruzada”. “Cuando el PSOE permanecía en la oposición, recuerda Escohotado, sus principales dirigentes (González, Guerra y Solana) no tuvieron reparos en admitir contactos positivos con el cáñamo”.

Txiqui Benegas, relatan los periodistas, navegaba en el yate de Abel Matutes, la persona más influyente de las Islas Baleares entonces (el cacique de Ibiza para unos, el emprendedor empresario para otros) y que en los años 70, siendo alcalde de Ibiza, se beneficiaba del blanqueo de dinero negro procedente del hachís a través de su propio banco (Banca Matutes), según varios informes policiales de la época que también reseñan la participación del resto de la banca. El diario El Independiente publicaba en 1.987 que el letrado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) declaraba que “Txiqui Benegas y Abel Matutes eran socios y tenían un negocio conjunto en Ibiza de 6.000 millones de pesetas”. “La política hace extraños compañeros de cama”, había dicho años antes Manuel Fraga.

La TV y la FAD, media pool

Otro asunto del cual ocuparse era la prensa. Calvo Sotelo respondía Javier Godó en abril de 1.982:

“- La UCD no va ha autorizar la televisión privada.

- ¿Hay alguna razón especial?

- Sí que la hay. Me pedís que ponga un servicio público, como es la televisión  a disposición de la oligarquía financiera y eso no puede ser.”

La televisión es el mayor medio de persuasión de masas y los gobiernos del mundo o se aseguran su monopolio o seleccionan minuciosamente los titulares de cada canal en aquellos países donde funciona la televisión privada.

“El PSOE veía con recelo a la prensa, consideraba a sus empresarios como a sus enemigos naturales, y estaba en contra de autorizar las televisiones privadas”. “A comienzos de 1.984 y 1.985, la postura socialista comenzó a dar un giro de 180º”,  exponen los periodistas de El Dinero del Poder.

De 1985 es el primer Plan. En 1.986 se crea la Fundación de Ayuda contra la Drogradicción (FAD). Enrique Sarasola, íntimo de Felipe González, reúne un grupo de empresarios que aporta cada uno 20 millones de pesetas de su pecunio personal. Todos ellos hombres de negocios destacados por sus éxitos empresariales y no por su altruismo.  Todos los grupos empresariales dedicados a la información masiva, todos los que aspiraban a tener su propio canal de televisión privada estaban representados en la fundación. El único sector empresarial que acompaña a la prensa en la FAD es la banca. La FAD es una agrupación de medios con una posición dada, un lobby desinformativo, un media pool de corresponsalía de guerra, en que los periodistas se comprometen mediante documento firmado a beber de solamente de fuentes oficiales y a informar lo que dicten estas.

Creada la FAD y ganadas la elecciones de 1.986 se inician los primeros borradores del proyecto de ley que iba a regular la concesión de las televisiones privadas. El asunto de las drogas en prensa esta controlado. La prensa está involucrada. El proyecto de reforma del artículo 344 del Código Penal de 1.987, vigente desde 1.988, “exhibe un extraordinario endurecimiento en las condenas y reintroduce clausulas de incriminación abierta”, que fueron suprimidas en 1.983, recuerda el profesor Escohotado.

La libertad con que se expresó el antiprohibicionismo durante los 80 (como refiere Juan Carlos Usó, gracias a filósofos como Fernando Sabater y Antonio Escohotado y juristas como José L. Diez Ripollés), creada la FAD, estaba en condiciones de ser contrarrestada con propaganda dirigida y aislada paulatinamente. La prensa alternativa (o cualquier iniciativa personal dentro de la convencional) está en clara desventaja frente a la prensa de masas en bloque.

La inversión de la prensa en la prohibición le reporta asegurarse una cuota del mercado televisivo y publicidad a cambio de emitir propaganda desinformativa y omitir la corrupción. El gobierno tiene los usos para mentir masivamente, pagan los ciudadanos, cobran los medios, gestionan los bancos. La FAD es un negocio y una herramienta desinformativa creada con ese fin, bajo la apariencia, el camuflaje, de lo asistencial (nadie interesado en la salud ha invertido su dinero en la FAD).

Así, apenas se conocen casos de financiación de partidos políticos con tráfico de drogas, de blanqueo de ese dinero, de participación de miembros de cuerpos de seguridad del estado en el narcotráfico que financia actividades contrainsurgentes y que enriquece criminales, de una justicia que evita la ley,…

Si es por el gobierno español,  la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) puede estar tranquila y la CIA puede controlar parte importante de la cocaína colombiana, el opio afgano y la marihuana mexicana, “por razones según parece ligadas a hacer fluida la venta de armamento y pagar la factura mundial de contrainsurgencia” concreta Antonio Escohotado en el epilogo de su libro.

Si es por el resto de gobiernos la prohibición también goza de buena salud. Todos participan y la emplean, al menos, de distracción frente a comportamientos más lesivos para los intereses colectivos.

Bibliografía

José Díaz Herrera y Ramón Tijeras; El Dinero del Poder; Ed. Cambio 1; Madrid; 1.991.
Antonio Escohotado; Historia de las Drogas; Alianza Editorial; Madrid; 1.989
Juan Carlos Usó; El uso de Cánnabis en España: Un hábito cultural centenario; Revista Cáñamo nº 47.
Alejandro Pizarroso; La guerra de las mentiras; Eudema Actualidad; Madrid; 1.991

“Sentíase en el vacío más absoluto, sin entretenimiento posible, sin nada que hacer, se exploró, gozó hasta el hartazgo y, entonces, Dios creó el mundo.

Nunca había tenido una responsabilidad y nunca la tendrá. Creado el Universo, se fijó en una planta, probó un cogollo, sintió la necesidad de compartir sin repartir y obró el milagro de la Santísima Trinidad.

Así, Ellos, siendo El, fumando entretenidos, olvidaron la Creación. Sólo un instante, treinta y tres años de la eternidad, recordaron la humanidad para enseñar a los hombres que si no obedecen son crucificados.

El Espíritu Santo aún rememora con sorna quién pringó. Jesús resucitó y continuó fumando. Nunca dejó de fumar, siendo también Dios y Espíritu Santo. Amén.”

Fuente: De Divinum Naturae Libri III (cap. I); Saint Valéry de Hipona; Ed. Agami; 1936. (Obra controversial que se suponía que había ardido en hoguera pública). La Iglesia Universal de Fumadores de Dios fundamenta en ella sus tesis. La interpretación de la palabra de Saint Valéry crece, incorporando matices de actualidad.

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“Aunque suene un poco facha, con Franco a mí nadie me preguntaba cuando me hacía un porro. Ahora es continuo, se limita tu intimidad y las leyes contradicen la propia Constitución”.  Lo comenta Luis Auserón, ex de Radio Futura, con motivo de la publicación de su disco de versiones Rubbish Garbage Junk Punk (El Mundo).

El mes de las celebraciones de la Constitución Española y la Declaración Universal de los Derechos Humanos es fecha adecuada para recordar la vulneración de la presunción de inocencia que sistemáticamente practican todos los Estados del mundo.

La OMS no considera el consumo de cannabis problemático para la salud pública pero los Estados penan con cárcel su comercio por delito abstracto contra la salud pública. Miles de ciudadanos han estado, están y estarán en prisión por una abstracción interesada, sin pruebas del daño, inocentes privados de libertad; cuando no, ejecutados.

Podría decirse sin abstracciones que los gobiernos de todo el mundo ejercitan el crimen contra la humanidad impunemente. La Declaración Universal de los Derechos Humanos está firmada por los mismos países que violan los derechos que contiene el documento. No olvidaron en 1948 fijar coletillas que les permitiera hacer y deshacer a su antojo, vinculando la norma superior (supuesta) al desarrollo de leyes de rango menor que pueden dejar y dejan sin efecto la defensa de derechos fundamentales.

Artículo 11. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.

La Constitución Española contiene numerosos artículos que se remiten a leyes para su aplicación o regulación.  Son igualmente frecuentes artículos conteniendo mecanismos del tipo de “salvo resolución judicial”, que remiten también a una instancia externa a la Constitución.

Pérez Alonso (2005, Los Pecados de la Audiencia Nacional, Arcopress) ha constatado que, una de cada tres sentencias de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional recurridas ante el Tribunal Supremo resulta anulada por éste. Esto significa que, en una de cada tres sentencias, dicha sala comete una ilegalidad, vulnerando principios constitucionales u otras leyes. Además, de las dos sentencias restantes, algunas son anuladas por el Tribunal Constitucional, y otras, después de pasar el filtro de este último tribunal, no pasan el del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. De las sentencias anuladas, un gran número de ellas están relacionadas con la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia del acusado, lo que significa la emisión de sentencias condenatorias sin pruebas contra el condenado.

Por otra parte, la administración se puede permitir el lujo de sustraer directamente a los ciudadanos dinero de sus cuentas de ahorro para cobrarse determinados impagos sin que medie una acción judicial.

Elías Vida titulaba así un reportaje publicado por Soft Secrets hace poco más de un año. Subtitulaba: “Cerrando las filas del pensamiento único”. Destacaba:

“Una muestra (más) de este estado de censura y coacción del pensamiento en Drogodependencia se manifiesta en las directrices dadas a los medios de comunicación para unificar criterios en su tratamiento de los consumos de drogas. Según estas directrices, los medios de comunicación y los trabajadores de su ámbito (periodistas, redactores) deben posicionarse de una manera particular (obviamente, la marcada por el Plan de Drogas de España) y unificada, dejando de lado cualquier posición distinta de la establecida por este organismo. Esta coacción no sólo alcanza a los medios informativos sino también a los contenidos televisivos y expresiones artísticas como las letras de los grupos de música y los guiones cinematográficos”.

Fuente: Soft Secrets, nº6, 2008.

El Pais publicó un excelente reportaje, “El cannabis pelea por un espacio legal“, y Cuatro emite varios montajes, 21 días, Hermano Mayor y, ahora, en el programa que presenta Concha García Campoy por las mañanas. Ambas empresas pertenecen al mismo capital, a Prisa.

Harold D. Lasswell, teórico de la comunicación, opinaba que la propaganda es uno de los instrumentos más poderosos del mundo moderno.  ”Para describir adecuadamente un acto de comunicación es necesario responder a las siguientes preguntas: Quién dice qué, por qué canal, a quién, con qué efecto”, escribió.

En el caso que nos ocupa, Prisa dice marihuana-caca cuando ha dicho marihuana-derechos. Usa la TV, mayor caja de resonancia que el medio escrito, y lanza más mensajes. Se dirige al mismo público objetivo, que se siente cómodo con la línea editorial, pero a una masa mayor, para toda la familia. El efecto que persigue es contrarrestar la primera información, adormecer conciencias.

Dados estos hechos, conociendo la existencia del Crimen Organizado del Ministerio del Interior o, en su defecto, del Plan Nacional sobre las Drogas (PND), cuyo objetivo manifiesto es manipular la percepción de los ciudadanos, que delega parte de su propaganda en el Foro de la Sociedad ante las Drogas, que aconseja vigilar los mensajes de los medios e intervenir, advirtiendo, cuando su contenido no destaca únicamente aspectos negativos de las drogas ilegales; es planteable la hipótesis de que la campaña de montajes de Cuatro responde a una llamada de atención, proporcionando atrezzo para reparar la información:  rehabilitados propagandistas y médicos y enfermos de cartón piedra.

La enciclopedia soviética de 1952 define por primera vez el término desinformación: la propagación de informaciones falsas con el fin de crear confusión a la opinión pública.

“La tecnología de la comunicación se ha convertido en una disciplina de estafadores, y los científicos de la comunicación en criminólogos de postín, más allá del bien y el mal del crimen,” afirmaba M. Vázquez Montalbán , refiriéndose a los conocimientos alcanzados sobre persuasión y su empleo por gobiernos y medios de comunicación en países democráticos en contra del ciudadano. “Las víctimas parecen condenadas a una realidad inalterable y, lo que es más angustioso, sin origen. No sólo se persuade sino que se trata de crear una tendencia a que la víctima acepte la persuasión como algo natural, merecido, consustacial con la existencia de la vida social”.

Bibliografía: Historia y Comunicación Social, Manuel Vázquez Montalbán, Alianza Editorial, Madrid, 1985.

“Si ciertos crímenes -robo, violación, calumnia, lesiones, homicidio, etc.- son siempre rechazados por sus víctimas, hay otros -prostitución, juego ilícito, propaganda ilegal, herejía, objeción de conciencia, disidencia ideológica, etc.- cuyas reputadas víctimas no sólo no rechazan sino que solicitan y sufragan muy gustosamente.”

“Si el método para reprimir los crímenes del primer tipo es básicamente la denuncia del perjudicado o sus deudos, el método para luchar contra los segundos es básicamente la infiltración. Este procedimiento es el que hemos visto aplicar sistemáticamente en EEUU desde 1914 (ley Harrison) contra médicos y farmacéuticos, usando falsos enfermos que en realidad eran policías disfrazados o colaboradores suyos.”

“Cuando la desobediencia civil se contagió a todos los estratos sociales, con defensores tanto prácticos como teóricos, las fuerzas del orden se vieron puestas en la alternativa de respetar estrictamente la ley, condenándose a la ineficiencia, o hacer una guerra sucia con algunas esperanzas, cuando no de triunfar al menos de mantener cierto control sobre la situación.”

“La infiltración pasó a ser difícil desde1965 (…) La trama de informantes necesaria para seguir influyendo sobre mercaderes y usuarios planteaba un volumen de gasto enorme (…) Era preciso admitir los pagos en especie, tanto como el concurso de aquellos individuos que con arreglo a eticidad se considerarían precisamente los más despreciables (…) Pocos años más tarde, la mayoría de países tenían establecido un impuesto formal -del 20 al 50 por 100- sobre las capturas logradas mediante colaboración.”

“La trama de colaboradores y colaboradores de estos es una tela de araña sensible a casi cualquier señal de mercancía o adquirientes, que si dejan escapar algo no es por desconocimiento sino por pactos o nuevos impuestos formales.”

La redacción de El Pais publicaba en 1988: “Miembros de la Guardia Urbana de Barcelona que patrullan en el distrito de Ciutat Vella han expresado su malestar por la gran cantidad de camellos que, al ser detenidos, se identifican como confidentes de la policía.”

Fuente de iluminación: Historia de las drogas, Antonio Escohotado, Alianza Editorial, Madrid, 1989. ( Tomo 3; la estrategia represiva y su evolución.