L@M / Todas las televisiones han mostrado la permisividad policial con la venta de sustancias sin control en la Cañada Real de Madrid. Esta semana, al unísono, todos los informativos han ofrecido la imagen de que se toman medidas. Han perpetrado un teatrillo prohibicionista, han inyectado en los telespectadores una dosis de legitimidad adulterada, ficción disfrazada de realidad.

Más de un centenar de clientes asaltados, trece detenidos, una caja fuerte con doce mil euros y seis puertas blindadas derribadas para encontrar tres señoras vendiendo drogas. Muy poca cantidad decomisada para un supermercado tan galáctico (1,1 kilos de cocaína, 600 gramos de heroína y 42 gramos de hachís).

Si ya no la venden los Gordos, lo hacen flacos. La droga sigue donde estaba, sólo que un poquito más cara.

Para solucionar un problema generado por el sistema financiero la idea es recortar los derechos de los trabajadores. Es tan aberrante como prohibir el control de ciertas sustancias y permitir su adulteración.  Son actuaciones que siguen el mismo patrón y que estafan al ciudadano. Cada vez, el sistema es más lobo y el personal, más cordero.

Observar al ministro de fomento Pepe Blanco arremetiendo contra los controladores a aéreos y comprobar que no hay batalla, da qué pensar. A falta de horas extras, el sueldo fijo anual por tres horas y media de trabajo diario, tras las regañina ficticia, queda en 200.000€. Pepiño se ha colgado una medalla mediática, sin pensar, sin que se le haya notado, con el paro existente, que con esa cifra vivirían cuatro trabajadores en vez de uno, trabajando la cuarta parte, con dinero suficiente para vivir y tiempo necesario para librarse del estrés laboral. Podría multiplicarse el número de anestesistas, notarios o farmacias, habiendo personas cualificadas y faltando puestos de trabajo.

Si se cobrara el 16% de cada papelina que se trapichea, de cada taco de costo o gramo de hierba… Si se cobrara el autónomo al dispensador, el IRPF al productor, la seguridad social al asalariado y al jornalero. Si se dejara de malgastar fondos públicos en propaganda y en perseguir inocentes.

Hay cosas más importantes.

Hay cosas más importantes que las drogas, contestan automáticamente 20 millones de votantes programados por PP y PSOE (PPSOE), cuyas financiaciones son sospechosas de servirse del narcotráfico. Esas cosas más importantes incluyen la pantomima del pacto por la patria para abaratar el precio del despido o liberarlo de penalización (esa es la diferencia).

A pesar del incontestable volumen de votos abducidos por el bipartido, hay quién se pone de los nervios ante la posibilidad de que un partido que defienda la normalización de la marihuana obtenga un solo voto de los supuestamente suyos. El éxito del PCLYN  fue saboteado y miembros de RCN-NOK son criminalizados. ¿Casualidad, metafísica o intereses creados?

El Partido Prohibicionista de EEUU se constituye en 1.869 y en 1.920 entra en vigor la ley Volstead, más conocida como Ley Seca. Cita Antonio Escohotado:  “Considerando que del proyecto ilegalizador para el alcohol surgirá el de ilegalizar otras drogas, es indudable que el Prohibition Party realizó una tarea titánica en términos parlamentarios, y que quizá no conoce la historia republicana universal otro ejemplo de una minoría con tanta capacidad para imponerse a obstáculos aparentemente insalvables”.  A. Sinclair atribuye, en su trabajo sobre la ley Volstead, el éxito del movimiento a un complejo de factores: “La explotación del miedo de las masas (…), la actitud reformista, la eficacia de los grupos de presión, su dominio de la propaganda, la estupidez y el egoísmo de los cerveceros y dueños de destilerías, la debilidad de los políticos”.

La debilidad de la clase política es el electoralismo. Con tal de no ceder un solo sufragio al competidor,… La fuerza normalizadora debería de aprovechar las elecciones como cualquier agente social.  Por caprichos del azar uno de los artículos más vistos del blog es Hojas de marihuana en las urnas de cuatro provincias. Estrenar sede ya es un avance. Sería un paso más que en las próximas elecciones aumentara el número de ciudadanos que tuvieran la oportunidad de reivindicar la normalización con el sencillo gesto de depositar un voto anónimo.

El reportaje de Comando Actualidad sobre marginalidad y drogas, emitido en varias ocasiones, muestra a los agentes del orden consintiendo la venta ilegal de drogas adulteradas en La Cañada Real de Madrid y cacheando a los clientes al entrar o al salir del supermercado de la droga (uno de los consumidores es grabado en ambas circunstancias). Los contrabandistas no necesitan porteros ni matones, la autoridad uniformada hace la función.

El dispositivo consta de, al menos, 10 vehículos. Quiénes menos riesgo corren son los presuntos delincuentes. Uno de los responsables de la operación se justifica ante la reportera: Contra el trafico no hay nada que hacer, es que se necesitan muchos medios, es que tienen puertas blindadas, es que hay muchas casas, es que están organizados, es que el juez solo  da orden de registro para una,… La periodista da crédito a las excusas.  El portavoz policial completa la coartada: Cuando sabemos que hay más droga de lo habitual, entonces actuamos. No habla de cantidades. Podría calcularse la cantidad de droga que permite almacenar y distribuir el particular salvoconducto, si se tiene puerta blindada y se cumplen otros requisitos.

¿A quién beneficia esta situación?

El traficante gana por tres costados, por lo que le cobra al consumidor, por lo que no tributa y por el permiso policial sin papeles (que no sin precio).

El ciudadano, que obtiene el dinero recaudado con las sanciones al consumidor, deja de ingresar mucho más por la ausencia de impuestos y sufraga el gasto policial de acosar al consumidor y proteger al narco.

El consumidor, además del coste como ciudadano, desembolsa un sobreprecio por una sustancia adulterada, apoquina por las sanciones y contribuye para que la policía lo discrimine cuando debería de protegerlo.

La generación NI-NI de los poderes públicos

Ni hacen nada contra la venta ilegal de drogas, ni respetan los derechos de los consumidores otorgados por el artículo 51 de la Constitución Española, que asegura que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos.

Cuando las drogas son legales (como lo es el alcohol o el valium y lo ha sido el opio con toda naturalidad) los beneficios del traficante son residuales, la administración ingresa líquido a través de los impuestos y los consumidores no se diferencian de los ciudadanos.

La legalización de todas la drogas es un objetivo saludable para la sociedad.

Precisamente, el principal problema problema de estas organizaciones es la financiación. “La siniestra sombra de la corrupción empaña las actividades financieras de los dos partidos políticos más importantes del país”. Lo documentaron los autores de El dinero del poder en 1991. Los recientes casos Gürtel o Faisán muestran que se mantienen las formas. “Comportamientos más típicos de películas de gangsters que de altos cargos de partidos de orden”, opinaban.

Naseiro y la financiación del PP

“Nunca en la historia reciente de España una conversación telefónica había reflejado con toda su cruda realidad la forma en que un partido obtiene el dinero clandestino para financiarse”. Se refieren los periodistas al caso Naseiro.

Fco. Álvarez Cascos estaba convencido de que tras el escándalo Naseiro estaba el gobierno socialista. Alfonso Guerra, en plena digestión del caso Juan Guerra, arengaba meses antes en un mitin en Sevilla: “En los próximos meses vamos a ver grandes cosas, porque los socialistas les vamos a tomar la palabra. ¿Quieren catarsis? Pues hagamos la catarsis para todos. ¡Para ellos también!”

Rosendo Naseiro, tesorero del PP en 1990, hombre de confianza de José María Aznar e íntimo amigo de Manuel Fraga, fue encarcelado por un presunto delito de cohecho en operaciones inmobiliarias, aunque los policías que solicitaron la intervención del teléfono basaron la petición en un presunto delito de tráfico de drogas: “Porque sospechamos que se están produciendo llamadas de interés policial, toda vez que en ese teléfono se ponen en contacto individuos pertenecientes a una organización internacional de traficantes de cocaína para establecer citas”.

“De acuerdo con la versión oficial, las grabaciones telefónicas no habían aportado información suficiente como para procesar a nadie por presunto delito de tráfico de estupefacientes y el juez envió las diligencias al fondo de un armario sin transcribir siquiera el contenido de las cintas grabadas”, subrayan Díaz Herrera y Tijeras.

Sarasola, el broker de Felipe, entre fusiles y cocaína

En el otro lado de la misma moneda, Enrique Sarasola Lerchundi, mentor de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), íntimo de Felipe González, “el hombre que se esconde tras las mayores operaciones financieras del PSOE”, de entonces, estuvo a punto de ir a prisión por un asunto de drogas que le acarrearía su mayor quebradero de cabeza ante la opinión pública.

En los primeros meses de 1990, el traficante arrepentido Ricardo Portabales se ponía en contacto con el juez Baltasar Garzón, que instruía en esos momentos uno de los sumarios más importantes sobre el narcotráfico en España.

“En el año 1988 -declaró Portabales- hubo una reunión en un hotel de Isla Cristina (Huelva) para vender fusiles AK-47 a los narcotraficantes colombianos”.

“A la reunión de Isla Cristina asistieron -continuó Portabales- el empresario Sarasola, los narcotraficantes Laureano Oubiña y Paz Carballo y el traficante de armas Monzer Al Kassar”.

Baltasar Garzón

La operación Nécora fue el inicio de la lucha contra el tráfico de drogas a gran escala en las costas gallegas. El macroproceso concluyó en 2004 con la lectura pública de la sentencia. Las mayores penas fueron para lancheros y segundones. En 1994, tras la primera sentencia se podía leer en la portada de El Correo: ”El fallo provocó reacciones de rechazo e indignación, fundamentalmente en agrupaciones de lucha contra la droga y de familiares de toxicómanos, así como de la propia Xunta Gallega”.

Baltasar Garzón publicó un libro junto con el propagandista Eusebio Megías, Narco, de 1997. Igual explican cómo se les escapan los máximos responsables. El último asunto publicado es del año pasado.

Casualmente, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial va a debatir mañana jueves la propuesta de la desestimación del recurso presentado por el juez Baltasar Garzón contra la sanción de 300 euros de multa que se le impuso por no controlar el plazo de prisión preventiva de dos narcotraficantes turcos, lo que determinó que tuviera que excarcelarlos, según publica hoy el diario ‘El Mundo’, en una crónica de Marisa Peral.

El antiguo presidente de la Polinesia francesa, Oscar Temaru, propone (para impulsar el empleo y activar la economía) legalizar el pakololo, el cannabis local, aunque sólo para vender a los extranjeros. La gendarmerie estima que en la Polinesia Francesa la economía sumergida ligada al pakalolo representa cada año al menos 83 millones de euros. Lo cuenta l´express.fr. Sin embargo, precisamente por la economía, está prohibido.  Los partidos no tendrían esa opción.

biblIOGRAFÍA

José Díaz Herrera y Ramón Tijeras; El Dinero del Poder; Ed. Cambio 1; Madrid; 1.991.

El PNSD prevé  manipular la percepción de los ciudadanos, los medios desinforman y los ciudadanos son engañados ¿cómo es posible en  nuestra Democracia?

Con la llegada de un nuevo gobierno al poder, todos los negocios, incluidos los de las armas y los de las drogas, cambian de manos. “Los beneficios de los grandes negocios vienen a engrosar las vías de financiación del partido o se quedan en los bolsillos de los más destacados empresarios”. Así se pronuncian José Díaz Herrera y Ramón Tijeras en El Dinero del Poder, un libro imprescindible para conocer los entresijos del mismo. “El gobierno socialista, que ha comienzos de 1.982 hablaba de moralizar la vida política, y que nada más llegar al poder subió el coeficiente de los bancos, impuso un horario a los funcionarios, aprobó la ley del divorcio y redujo el horario laboral a 40 horas”, se ocupó del negocio de las drogas y de otros muchos.

La cruzada farmacrática fue el invento de un solo país que se exportó mediante una política de sobornos y amenazas,  explica Antonio Escohotado. “Una vez creado el problema, todos los gobiernos comprendieron las distintas rentas políticas y económicas que se derivaban de mantener la cruzada”. “Cuando el PSOE permanecía en la oposición, recuerda Escohotado, sus principales dirigentes (González, Guerra y Solana) no tuvieron reparos en admitir contactos positivos con el cáñamo”.

Txiqui Benegas, relatan los periodistas, navegaba en el yate de Abel Matutes, la persona más influyente de las Islas Baleares entonces (el cacique de Ibiza para unos, el emprendedor empresario para otros) y que en los años 70, siendo alcalde de Ibiza, se beneficiaba del blanqueo de dinero negro procedente del hachís a través de su propio banco (Banca Matutes), según varios informes policiales de la época que también reseñan la participación del resto de la banca. El diario El Independiente publicaba en 1.987 que el letrado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) declaraba que “Txiqui Benegas y Abel Matutes eran socios y tenían un negocio conjunto en Ibiza de 6.000 millones de pesetas”. “La política hace extraños compañeros de cama”, había dicho años antes Manuel Fraga.

La TV y la FAD, media pool

Otro asunto del cual ocuparse era la prensa. Calvo Sotelo respondía Javier Godó en abril de 1.982:

“- La UCD no va ha autorizar la televisión privada.

- ¿Hay alguna razón especial?

- Sí que la hay. Me pedís que ponga un servicio público, como es la televisión  a disposición de la oligarquía financiera y eso no puede ser.”

La televisión es el mayor medio de persuasión de masas y los gobiernos del mundo o se aseguran su monopolio o seleccionan minuciosamente los titulares de cada canal en aquellos países donde funciona la televisión privada.

“El PSOE veía con recelo a la prensa, consideraba a sus empresarios como a sus enemigos naturales, y estaba en contra de autorizar las televisiones privadas”. “A comienzos de 1.984 y 1.985, la postura socialista comenzó a dar un giro de 180º”,  exponen los periodistas de El Dinero del Poder.

De 1985 es el primer Plan. En 1.986 se crea la Fundación de Ayuda contra la Drogradicción (FAD). Enrique Sarasola, íntimo de Felipe González, reúne un grupo de empresarios que aporta cada uno 20 millones de pesetas de su pecunio personal. Todos ellos hombres de negocios destacados por sus éxitos empresariales y no por su altruismo.  Todos los grupos empresariales dedicados a la información masiva, todos los que aspiraban a tener su propio canal de televisión privada estaban representados en la fundación. El único sector empresarial que acompaña a la prensa en la FAD es la banca. La FAD es una agrupación de medios con una posición dada, un lobby desinformativo, un media pool de corresponsalía de guerra, en que los periodistas se comprometen mediante documento firmado a beber de solamente de fuentes oficiales y a informar lo que dicten estas.

Creada la FAD y ganadas la elecciones de 1.986 se inician los primeros borradores del proyecto de ley que iba a regular la concesión de las televisiones privadas. El asunto de las drogas en prensa esta controlado. La prensa está involucrada. El proyecto de reforma del artículo 344 del Código Penal de 1.987, vigente desde 1.988, “exhibe un extraordinario endurecimiento en las condenas y reintroduce clausulas de incriminación abierta”, que fueron suprimidas en 1.983, recuerda el profesor Escohotado.

La libertad con que se expresó el antiprohibicionismo durante los 80 (como refiere Juan Carlos Usó, gracias a filósofos como Fernando Sabater y Antonio Escohotado y juristas como José L. Diez Ripollés), creada la FAD, estaba en condiciones de ser contrarrestada con propaganda dirigida y aislada paulatinamente. La prensa alternativa (o cualquier iniciativa personal dentro de la convencional) está en clara desventaja frente a la prensa de masas en bloque.

La inversión de la prensa en la prohibición le reporta asegurarse una cuota del mercado televisivo y publicidad a cambio de emitir propaganda desinformativa y omitir la corrupción. El gobierno tiene los usos para mentir masivamente, pagan los ciudadanos, cobran los medios, gestionan los bancos. La FAD es un negocio y una herramienta desinformativa creada con ese fin, bajo la apariencia, el camuflaje, de lo asistencial (nadie interesado en la salud ha invertido su dinero en la FAD).

Así, apenas se conocen casos de financiación de partidos políticos con tráfico de drogas, de blanqueo de ese dinero, de participación de miembros de cuerpos de seguridad del estado en el narcotráfico que financia actividades contrainsurgentes y que enriquece criminales, de una justicia que evita la ley,…

Si es por el gobierno español,  la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) puede estar tranquila y la CIA puede controlar parte importante de la cocaína colombiana, el opio afgano y la marihuana mexicana, “por razones según parece ligadas a hacer fluida la venta de armamento y pagar la factura mundial de contrainsurgencia” concreta Antonio Escohotado en el epilogo de su libro.

Si es por el resto de gobiernos la prohibición también goza de buena salud. Todos participan y la emplean, al menos, de distracción frente a comportamientos más lesivos para los intereses colectivos.

Bibliografía

José Díaz Herrera y Ramón Tijeras; El Dinero del Poder; Ed. Cambio 1; Madrid; 1.991.
Antonio Escohotado; Historia de las Drogas; Alianza Editorial; Madrid; 1.989
Juan Carlos Usó; El uso de Cánnabis en España: Un hábito cultural centenario; Revista Cáñamo nº 47.
Alejandro Pizarroso; La guerra de las mentiras; Eudema Actualidad; Madrid; 1.991

“Doblepensar. Saber y no saber, hallarse consciente de lo que es realmente verdad mientras se dicen mentiras cuidadosamente elaboradas”. George Orwell en 1984.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera el tabaco el principal factor de riesgo de mortalidad en los países industrializados, por delante de la tensión arterial, el alcohol, el colesterol, el exceso de peso, el bajo consumo de frutas y verduras y la inactividad física. A la OMS no le constan riesgos sanitarios asociados al cannabis a nivel mundial y el Observatorio Europeo de las Drogas y Toxicomanías (OEDT) reconoce que “apenas existen datos sobre hasta qué punto los consumidores de cannabis en general desarrollan problemas relacionados con esta droga”. (Informe OMS y OEDT)

Sin embargo, el pasado viernes por la noche, durante el programa “Hermano Mayor“, el canal de televisión Cuatro presentó, en un obsceno espectáculo, un actor-médico afirmando rotundamente que la marihuana es más perjudicial para la salud que el tabaco. Esto se lo dice el actor-médico vestido con bata blanca a un menor sin formación (que no es consciente de la farsa), mirándole a los ojos, en el escenario de un despacho médico, con la presión de las cámaras y de un ganapán chulo de playa travestido de buen rollo, quien tras la fraudulenta visita médica acompaña al menor a un cementerio para hablarle de las consecuencias ficticias de consumir marihuana.

Cuatro ha usado y abusado de dicho menor en público en horario de máxima audiencia para emitir falsedades sobre marihuana a la opinión pública. Al chico le han mentido, se han entrometido en su intimidad, le han intentado atemorizar, se le ha responsabilizado (por consumir marihuana) de tener unos padres que no han sabido educarlo ni tratarlo desde pequeño y de tener una madre inestable, algo de lo que realmente es víctima.

Los responsables de Cuatro sabrán qué beneficio les reporta abusar de un menor para emitir a la opinión pública las falsedades que interesan a la corrupción institucional. Pero las ganancias de Cuatro por integrarse en el hampa institucional organizada y su negocio de manipular vidas ajenas no compensan a los ciudadanos de una sociedad de los riesgos a los que se les somete.

El ser humano tiene una imagen del mundo y de la sociedad. Actúa y reacciona en función de esa imagen. Cuanto más falsa sea, más peligrosas serán sus acciones y sus reacciones. Por ello, la necesidad del ciudadano de recibir información veraz. Por ello se reconoce en la Constitución Española este derecho y por ello, en una sociedad democrática, Cuatro debería rectificar la información fraudulenta el próximo programa, a la misma hora, y la administración debería investigar el uso que se ha realizado del joven, además de preocuparse por él. En una sociedad corrupta desde sus instituciones, el asunto no tendrá mayor relevancia.

L@M/ Bernat Soria, ministro de sanidad y responsable aparente del departamento de marear al cliente, presentó a final del año las conclusiones de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de la Droga tras dos años de paripé. Sus señorías piden lo que no ofrecen, que se transmita a los jóvenes «más información y que ésta sea veraz, adecuada y basada en la evidencia científica», aunque quieren decir todo lo contrario.

Tras haber hecho perder el tiempo de psicólogos, médicos, educadores, terapeutas y otros profesionales (además del suyo propio, que nos pertenece a los ciudadanos) que han ilustrado a la comisión con sus comparecencias durante estos dos años, el informe recomienda implicar a los poderes públicos, los padres, el sistema educativo y los medios de comunicación. La cadena Ser, en acto de servicio, publicaba el disparate tópico de que entre los riesgos del consumo de cannabis están la “esquizofrenia, brotes psicóticos, infartos prematuros o ictus cerebrales”. De las víctimas, sin embargo, no hay rastro.

La Comisión Mixta para el Estudio del Problema de la Droga no ha estudiado nada, ha dejado pasar el tiempo, se ha escudado en la juventud para eludir responsabilidades, sus miembros han cobrado su sueldo y si hay corrupción, mercado negro, cacheos abusivos, sanciones desproporcionadas, desprotección del consumidor,… ésto es el pan de otros, a qué se iban a dedicar si no algunos políticos, policías y funcionarios. No se merecen el sueldo que cobran ni el puesto que ocupan.

Mientras los estados no se hagan cargo, seguirán promoviendo el narcotráfico, el dinero negro, la corrupción y la circulación de productos adulterados. Cuando los representantes de la guerra contra las drogas afirman que ésta no tendrá fin, revelan su interés por perpetuar el conflicto que ellos mismos han creado, en detrimento siempre del ciudadano.

EEUU se beneficia directamente porque la prohibición le permite dominar política y económicamente a terceros países en sudamérica, asia y áfrica (del mismo modo que se comporta con aquellas naciones no desarrolladas cuyo suelo es rico en petroleo, gas, diamantes o coltan), a quienes desestabiliza e impide el desarrollo y contra quienes no duda en emplear la fuerza de su ejército. (Guerras y mentiras)

Así, crea el monstruo, se llame comunismo, islam, terrorismo o drogas, alerta de la amenaza, su actuación genera el conflicto y ofrece seguridad frente a la nueva situación, pero su objetivo no es hallarle solución sino mantenerla. Por supuesto que no les interesa perder su condición de guardián de sí mismo, el negocio es redondo. Por eso afirman los responsables de la guerra contra las drogas que ésta no tendrá fin, pues la guerra es su negocio. (El mercado ya ha dicho que las armas le ganan a lo verde)

En nombre de la paz se hace la guerra, en nombre de la democracia se socavan derechos y libertades, en nombre del progreso se impide el desarrollo y en nombre de la información se desinforma. Es la ética de las finanzas.

“Un mundo libre de drogas, nosotros podemos hacerlo” (IPS)

Fue la consigna adoptada en 1998 durante la vigésima sesión de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), dedicada al problema global de las drogas ilegales. En esa ocasión se acordó un plan de acción de 10 años que incluyó la cooperación entre los gobiernos, un ataque frontal a los vendedores y destrucción de plantíos. También se adoptaron acciones para reducir el consumo, aunque según indican la mayoría de los análisis fue en los aspectos punitivos donde se puso mayor empeño.

En 1998, la Asamblea General del foro mundial determinó que los compromisos asumidos deberán ser evaluados y, de ser necesario, redefinidos en 2008.

La Fundación Beckley, un centro de estudios británico que analiza las estrategias de lucha global contra las drogas, sostiene que es evidente el fracaso del enfoque concertado hace 10 años por la comunidad internacional. Los gobiernos deberían “comunicar el hecho de que el uso de estupefacientes no se puede erradicar, pero que se debería encontrar la manera de minimizar sus daños”, dejando de lado la máxima moral sobre el deber de “eliminar el mal de las drogas”, señaló un informe de la Fundación.

Ante tal evidencia, el aparato de propaganda de la guerra contra las drogas cambia su versión (aquella de erradicar la droga y reducir su consuno) por otra que justifique su negocio: “la guerra contra las drogas no se gana o se pierde, ya que se trata de una batalla interminable”.

Hay propuestas alternativas, sin embargo, a las estrategias actuales. Entre ellas, la legalización de las drogas y la aplicación de políticas dirigidas a atenuar los daños a los consumidores, además de privilegiar la educación y la prevención.

Viñeta de Tawan Chuntraskawvong, vista en pasaron.net

“Su consumo se estabiliza y existen indicios de que su popularidad se reduce entre los jóvenes”, señala elpais.com del informe, en contradicción con la afirmación con que subtitula el artículo : “Crece el consumo diario de hachís en la UE”. Puede tratarse de un error. El título plantea menos dudas, es malintencionado: “Del porro recreativo al porro cotidiano”. Sugiere un teoría de la escalada en miniatura y no desarrolla el tema posteriormente.

Jordi Cebrián, en el artículo La marihuana, ¿lleva a usar drogas duras? de su blog humaredas, reflexiona sobre el tópico y aporta un dato contundente: el Ministerio de Salud holandés, en su informe sobre drogas de 1995, expresa de manera taxativa lo absurdo de la teoría de la escalada:

“Sólo una parte muy pequeña de los jóvenes que consumen drogas blandas pasa a consumir drogas duras. La idea anunciada por algunos de que el consumo de productos de tipo cannabis crean de por sí la necesidad fisiológica o psíquica de ingerir también drogas duras, la llamada teoría de la escalada (stepping stone theory) ha sido desmentida en Holanda por los desarrollos reales (…) La teoría de la escalada debe considerarse a la luz de estas experiencias como uno de los muchos mitos que corren acerca del consumo de drogas.”

La imagen es de graffitear, en flickr.

“En mi exposición no utilizo opiniones, utilizo datos, cito fuentes, quiero un tratamiento lo más científico posible”, escenificó el ministro antes y después de mentir, pasándose la ciencia por el arco de sus patrañas. “El consumo de cannabis aumenta la probabilidad de brotes esquizoides y la probabilidad de accesos de brotes psicóticos”, enredó sin rubor, “el consumo de cannabis aumenta claramente el riesgo de accidentes de tráfico”, boleó de nuevo. El engaño coló entre el reparto.

Tampoco hubo oposición al siguiente bulo surrealista: “El cultivo de cannabis en los jardines de los abuelos es motivo de violencia doméstica”. La protagonista de la borregada es la señora Aleixandre i Cerarols, portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). “Piense que al principio de la legislatura había voces que clamaban por la legalización del cannabis”, advertía a Soria. “Deberíamos concienciar mucho más a los padres y, en este caso, a la otra generación, a los abuelos”, concluía. El ministro mostró disposición: “Tomo nota del tema para ver qué podemos hacer”.

Bernat Soria presentó la encuesta escolar sobre drogas que el ministerio ha dado a conocer recientemente y se felicitó por el aumento de la percepción del riesgo que interpreta. “Permítame que muestre una cierta prevención hacia la sinceridad de los adolescentes encuestados”, intervino el portavoz del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, Sabaté Borràs, “la percepción, evidentemente, no es un dato científico, una percepción personal siempre es subjetiva”, precisó. Al ministro, sin embargo, no le interesaban las dudas sobre sus propios estudios y conclusiones, sino las que él mismo exponía sobre el informe de la ONU que consideraba España como el país donde más cocaína se consume. La ONU ha considerado la cuestión y se ha disculpado. Trapicheos.

La señora Vázquez Blanco, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, apenas pudo contenerse: “han sido cuatro años perdidos en la lucha contra las drogas, cuatro años de abandono y despreocupación, cuatro años de mucha propaganda y poca actividad, se ha atrevido a engañarnos a todos”, arengó molesta ante la posibilidad de que el grupo socialista se colgara una medalla. Además, regañó Vázquez muy repipi, “en la televisión pública, una presentadora de un programa se congratula de salir fumando un porro y diciendo que a ver quién no se ha fumado un porro en España”. Siendo intolerante con la realidad, incluso con una expresión, no sorprende su talante apocalíptico cuando profetiza que despenalizar el consumo de drogas en España sería un “genocidio”. El exterminio o eliminación sistemática de un grupo social es un uso que la derecha parece querer reservarse en exclusiva para emplear en la intimidad.

El Congreso dice ‘no’ a la marihuana

La Comisión de Interior del Congreso ha rechazado una proposición no de ley presentada por el grupo parlamentario de IU-ICV en la que solicitaba la derogación de las sanciones por consumo y tenencia de cannabis. Llevar una china de hachís en el bolsillo o fumarse un porro en la calle seguirá siendo ilegal en España, al menos durante lo que resta de legislatura. Es la tercera vez en los últimos 12 años que una proposición de este tipo es rechazada en el Congreso de los Diputados. En total, 35 diputados votaron en contra y sólo uno a favor, la representante de IU-ICV Isaura Navarro , quien entiende que la legislación prohibicionista y represora de las últimas décadas se ha manifestado completamente ineficaz.

Aprovechando el debate parlamentario, la Federación de Asociaciones del Cannabis (FAC) presentó este martes en el registro del Congreso 18.000 firmas en apoyo a la proposición de IU-ICV. El presidente de la FAC, Martín Barriuso, acompañado por Isaura Navarro, explicó que seguirán recogiendo firmas para apoyar esta iniciativa, y acusó al PSOE de profundizar y agravar la política represiva del PP, ya que los expedientes sancionadores han aumentado en esta legislatura un 60% y sólo en 2006 se incoaron 218.000 expedientes. “No entendemos qué peligro puede representar que una persona lleve una pequeña cantidad de cannabis para consumo personal”, dijo el presidente de FAC, para quien “se hace cada vez más necesario conseguir derogar esta ley injusta y represora”.

Más, en la web de la FAC: 20-N: Franco resucitó y se encarnó en nuestros parlamentarios

Fotografía publicada en 20minutos.es